Con las elecciones presidenciales de 2027 en el horizonte, el Gobierno acelera una negociación cuyo alcance supera la cobertura de vacantes judiciales. En juego están los nombramientos de magistrados que intervendrán en la organización y el control de los comicios en los que Javier Milei buscará su reelección.
El movimiento combina acuerdos con las provincias, disputas dentro del oficialismo y una agenda de designaciones que gana velocidad antes del cierre del período ordinario.
La próxima escala será el 27 de noviembre, cuando la Comisión de Acuerdos del Senado evalúe las postulaciones de Juan Carlos Vallejos para el Juzgado Federal N° 1 de Corrientes y de Gonzalo Luis Gassull para el N° 1 de San Juan.
La convocatoria ya fue publicada en el Boletín Oficial y contempla la presentación de preguntas y observaciones sobre los aspirantes hasta el 18 de noviembre. La audiencia será un paso previo: ambos necesitarán después el acuerdo del recinto.
La relevancia política de esos cargos reside en sus atribuciones. Los jueces federales con competencia electoral intervienen en el control del padrón, el reconocimiento de partidos y autoridades partidarias y la oficialización de candidaturas. Sus decisiones pueden resultar determinantes cuando las disputas entre fuerzas políticas llegan a los tribunales.
Vallejos, actual titular del Juzgado Federal N° 2 de Corrientes, fue propuesto para cubrir la vacante abierta en 2019 tras el retiro de Carlos Soto Dávila. Gassull, secretario de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, aspira al juzgado sanjuanino que quedó sin titular con la jubilación de Miguel Ángel Gálvez, en noviembre de 2022.
UNA NEGOCIACIÓN QUE RECORRE LAS PROVINCIAS
Las definiciones pendientes se extienden a Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Río Negro, Neuquén, Chaco, Jujuy y Misiones, con situaciones diferentes entre vacantes, subrogancias y cargos ocupados por jueces trasladados. Esa diversidad convierte la cobertura de los puestos en una negociación que exige acuerdos entre la Nación y los poderes provinciales.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, ocupa un lugar central en esas conversaciones, en las que también intervienen Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. En Córdoba, el gobernador Martín Llaryora impulsa a Ignacio Segura, primero en el concurso, aunque el procedimiento todavía tiene etapas pendientes.
La urgencia tiene, además, una dimensión institucional. La Cámara Nacional Electoral pidió agilizar las designaciones antes de 2027 porque desde enero deberá organizar las subrogancias de los juzgados que continúen sin titular. Cubrir esos cargos responde a una necesidad de funcionamiento; la elección de los nombres concentra la disputa política.
El trámite también expone tensiones oficialistas. La Comisión de Acuerdos sigue sin resolver su presidencia tras la muerte de Juan Carlos Pagotto. Karina Milei impulsa a Nadia Márquez, mientras Maximiliano Abad conduce el cuerpo como vicepresidente. La discusión se suma al conflicto por la integración de las comisiones y a las diferencias entre Patricia Bullrich y otros sectores del Gobierno.
UN MOVIMIENTO QUE EXCEDE A LAS ELECCIONES
La avanzada sobre las vacantes judiciales tiene una escala mayor. Para el 17 y el 18 de noviembre están convocadas audiencias destinadas a evaluar a 60 postulantes a jueces, fiscales, defensores y conjueces. Si consiguen dictamen, los pliegos podrían llegar a la sesión prevista para el 26.
En paralelo, el recambio del Consejo de la Magistratura abre otro escenario de negociación. Antes del vencimiento de los mandatos del 18 de noviembre, el organismo buscaba aprobar 71 ternas, entre ellas las correspondientes a tres vocalías de la Cámara Federal de La Plata. Son propuestas que todavía deben atravesar la selección del Ejecutivo y el acuerdo senatorial.
La cobertura de vacantes ofrece así una oportunidad de influencia duradera: los nombramientos judiciales trascienden los mandatos presidenciales. Con 2027 cada vez más cerca, el Gobierno busca convertir sus acuerdos parlamentarios y territoriales en decisiones sobre quiénes ocuparán esos lugares. La independencia con la que después actúen los elegidos será la medida del resultado institucional de esa negociación.
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