Todo venía marchando bajo el guion habitual del oficialismo: la Mesa Política del Gobierno ajustaba los últimos números macroeconómicos para garantizar el equilibrio fiscal y asegurar los acuerdos con sus socios legislativos habituales. Sin embargo, en la madrugada del envío del Presupuesto 2027 al Congreso de la Nación, apareció un artículo que funcionó como una bomba de tiempo en el Palacio Legislativo.
El capítulo en cuestión establecía una severa reducción en las partidas y prestaciones para la atención a la Discapacidad, desarmando la cobertura médica obligatoria con piso de protección garantizada y el régimen de pensiones preexistentes.
Dicen que Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, vio cómo las negociaciones que venía tejiendo pacientemente con el PRO, la UCR y bloques provinciales se evaporaban en cuestión de minutos. Del otro lado de la mesa, Patricia Bullrich explotó públicamente apuntando sin rodeos contra el Ministerio de Economía comandado por Luis Caputo.
El malestar habría obligado a la intervención de la Secretaría General de la Presidencia para frenar la sangría en un año clave previo a los comicios legislativos. La resistencia unánime de las organizaciones de la sociedad civil, sumada al rechazo tajante de la oposición colaborativa, dejó al descubierto la fragilidad del texto original redactado en las oficinas del Palacio de Hacienda.
Anoche, la postura de la Casa Rosada habría dado un giro. En los pasillos de Diputados daban por hecho que el polémico articulado redactado por Economía quedará formalmente descartado. Ante la imposibilidad de avanzar sin dinamitar las mayorías legislativas, el Gobierno cedió.
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