La disputa política entre Provincia y Nación tiene un nuevo frente de conflicto. Luego que el Gobierno nacional iniciara una demanda judicial contra la decisión de la gestión de Axel Kicillof de que unos 20.000 empleados de distintas empresas, como ABSA y AUBASA, dejen de aportar a ANSeS y lo hagan desde este año al Instituto de Previsión Social (IPS).
“Creemos que es lo que corresponde porque son empresas estatales de la provincia de Buenos Aires y que, por lo tanto, corresponde llevar adelante los aportes en la Caja Provincial para luego jubilarse con la jubilación provincial”, explicó el ministro de Gobierno Carlos Bianco en conferencia de prensa.
Los dichos del funcionario apuntan a justificar la aplicación del artículo 59 de la Ley de Presupuesto 2026 sancionada por la Legislatura bonaerense. Allí, se estableció la obligatoriedad de que las empresas estatales provinciales hagan los aportes patronales al IPS y no a ANSeS. Esto implica transferir al sistema previsional bonaerense millones de pesos por mes de unas 20 mil personas que antes iban a Nación.
Ante esto, la administración libertaria presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra la Provincia y el IPS, y justificó la demanda en la supuesta invasión de competencias federales, en la desfinanciación a la ANSeS y que genera un conflicto entre ambos sistemas jubilatorios.
Al respecto, Bianco apuntó contra la denuncia que “busca dificultar la gestión en la provincia” y dijo que es porque el Gobierno de Javier Milei “no se quiere quedar sin los fondos”, pero “va en contra de toda la doctrina que siempre mantuvo la ANSeS”. “En general, cuando uno analiza otros casos similares, ANSeS se ha expedido positivamente respecto de que empresas estatales provinciales u organismos estatales provinciales hagan sus aportes a las cajas provinciales”, agregó.
La medida incluye a ABSA, AUBASA y Centrales de la Costa, entre otras empresas.
Cabe recordar que en este contexto, la entidad que nuclea a los establecimientos educativos privados presentó una demanda para que se declare inconstitucional ese artículo que obliga a los colegios a transferir los aportes de los docentes y auxiliares al IPS. Según estimaciones del sector, el eventual traspaso podría alcanzar a unos 55.000 trabajadores.
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