A poco más de un mes de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el vínculo entre el Gobierno y sectores de la Iglesia volvió a quedar bajo tensión a partir de las críticas del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, sobre la situación económica y social del país.
La decisión de la Casa Rosada, por el momento, es evitar una confrontación pública con la Iglesia. La directiva alcanza principalmente a ministros y funcionarios de primera línea, aunque dentro del oficialismo existen cuestionamientos hacia García Cuerva y diferencias sobre el vínculo que el prelado mantiene con distintos espacios políticos.
La estrategia oficial consiste en separar las declaraciones del arzobispo porteño de la posición de la conducción de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), presidida por Marcelo Colombo. En el Gobierno consideran que el vínculo con los distintos sectores de la Iglesia no es uniforme y buscan preservar los canales institucionales en momentos en que se ultiman los preparativos para la visita papal.
El diagnóstico de García Cuerva
La tensión se profundizó después de las declaraciones que García Cuerva realizó en la puerta de la Catedral Metropolitana.
Consultado sobre el escenario que encontrará León XIV durante su visita al país, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, el arzobispo sostuvo que el Pontífice llegará a “una Argentina herida” y “dividida”, y mencionó la pobreza, la intolerancia y la persistencia de la crisis.
Al mismo tiempo, García Cuerva buscó destacar otros aspectos de la realidad argentina y señaló que el Papa también encontrará un país que “no baja los brazos”, con trabajadores y familias que continúan esforzándose para salir adelante.
El arzobispo también pidió que la visita del Pontífice no quede atravesada por la disputa política y destacó que la Iglesia y autoridades de distintos niveles de gobierno trabajan conjuntamente en la organización de las actividades previstas para noviembre.
La respuesta desde el oficialismo
Pese a que las principales figuras del Gobierno evitaron responder directamente, las críticas llegaron desde sectores vinculados al oficialismo.
Uno de los que salió al cruce fue Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía, Luis Caputo, quien cuestionó públicamente al arzobispo porteño después de sus declaraciones sobre la pobreza y la división social.
La intervención de funcionarios de segunda línea se inscribe en la estrategia que mantiene la Casa Rosada: evitar que ministros y principales referentes del Ejecutivo protagonicen un enfrentamiento directo con las autoridades eclesiásticas.
Dentro del Gobierno, además, diferencian la relación que mantienen con García Cuerva de la que existe con Marcelo Colombo, titular de la Conferencia Episcopal. Esa distinción permite al oficialismo expresar diferencias con el arzobispo de Buenos Aires sin trasladar la disputa al conjunto de la Iglesia.
Los reclamos sociales de la Iglesia
Las declaraciones de García Cuerva no constituyen el único cuestionamiento surgido desde sectores eclesiásticos. En los últimos meses, distintos representantes de la Iglesia pusieron el foco en la situación de los sectores más vulnerables, los jubilados, las personas con discapacidad y las familias endeudadas.
Entre ellos aparece el párroco de San Cayetano, Lucas Arguimbau, quien volvió a referirse a las dificultades económicas que atraviesan distintos sectores de la población.
García Cuerva ya había abordado esas problemáticas durante la celebración de San Cayetano, el 7 de agosto, cuando planteó límites a la libertad económica y reclamó atención sobre las dificultades que atraviesan los sectores más postergados.
El contexto adquiere especial relevancia por la proximidad de la visita de León XIV, que llegará a la Argentina en noviembre. La organización de la agenda papal obliga al Gobierno, la Iglesia y las administraciones locales a mantener abiertos los canales de coordinación pese a las diferencias políticas y sociales que quedaron expuestas en las últimas semanas.
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