La Cámara de Diputados afrontará una semana de intensa actividad, con el inicio del debate del Presupuesto 2027 y una sesión convocada por la oposición para rechazar el DNU 70/23 y discutir proyectos sobre discapacidad y sobreendeudamiento familiar. En paralelo, el oficialismo intentará avanzar con las iniciativas de protección de la propiedad privada y defensa de la soberanía nacional, conocida como “Ley Malvinas”.
El tratamiento del Presupuesto comenzará el martes 13, a las 12, en la comisión que preside el libertario Alberto Benegas Lynch. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, será el encargado de presentar y defender el proyecto del Ejecutivo.
La Libertad Avanza aspira a obtener dictamen antes del 7 de noviembre y llevar el texto al recinto el 17. La negociación presupuestaria también estará atravesada por las conversaciones con los gobernadores, en un escenario en el que el Gobierno busca apoyos para eliminar o suspender las PASO.
Dos sesiones y una disputa por el quórum
El miércoles, el oficialismo abrirá la discusión de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Según lo acordado con sus aliados, incorporará un capítulo para restituir los límites a la adquisición de tierras rurales por extranjeros establecidos en la Ley de Tierras, cuya situación se encuentra judicializada.
Ese mismo día, los libertarios buscarán emitir dictamen sobre el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, denominado “Ley Malvinas”.
Para el jueves 15, la oposición convocó a una sesión con tres objetivos: rechazar el DNU 70/23, aprobar la extensión de la Emergencia en Discapacidad y avanzar con herramientas contra el sobreendeudamiento familiar. El reciente fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras redujo el peso de uno de los principales argumentos de la convocatoria.
El oficialismo confía en que sus adversarios no reunirán el quórum necesario. Además, convocó a otra sesión para el miércoles 21, cuya agenda incluye discapacidad, endeudamiento familiar y propiedad privada, aunque el debate de este último proyecto todavía no comenzó.
Obras y fondos sociales
Antes de la presentación formal del Presupuesto, Guberman mantuvo una reunión con el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, y representantes del PRO, la UCR y bancadas federales. También participó el senador Agustín Monteverde, presidente de la comisión de Presupuesto del Senado.
Los legisladores plantearon reclamos por obras públicas, especialmente rutas, y por las deudas de la Nación con las provincias que mantienen sus cajas previsionales sin transferir a la ANSES.
El secretario de Hacienda expuso, a su vez, las partidas previstas para financiar la propuesta oficialista sobre discapacidad, que ya obtuvo dictamen. El detalle de esos recursos será incorporado al proyecto cuando llegue al recinto.
El financiamiento universitario será otro eje de tensión. El jueves, en coincidencia con la sesión opositora, está prevista la quinta Marcha Federal Universitaria en las inmediaciones del Congreso. La convocatoria reclama la aplicación de la ley de financiamiento, una recomposición salarial para docentes y no docentes, la actualización de las becas y la defensa del sistema científico nacional.
También genera cuestionamientos entre aliados la eliminación de la actualización automática por inflación de la Asignación Universal por Hijo y las asignaciones familiares contemplada en el proyecto.
Las proyecciones para 2027
El Ejecutivo prevé un crecimiento del 4%, una inflación interanual del 18% al cierre de diciembre de 2027 y una inflación promedio del 21,1%. El tipo de cambio proyectado para fin de año es de $1.847 por dólar.
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, los ingresos totales aumentarían un 3,5% en términos reales respecto del cierre de 2026, mientras que los gastos crecerían un 3,4%.
Las prestaciones sociales registrarían una suba real del 6,4%, impulsada principalmente por el gasto previsional y otros programas. Sin embargo, la AUH y la Asignación Universal por Embarazo tendrían un incremento de apenas el 0,7%, con una cobertura estable de alrededor de 4,1 millones de beneficiarios.
La Prestación Alimentar sufriría una caída real del 10,5%, sin modificaciones en su alcance previsto, estimado en 4,5 millones de personas. Los subsidios energéticos bajarían un 25,2% y los destinados al transporte, un 16,2%. Para gastos electorales, el proyecto contempla $0,5 billones.
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