El conflicto diplomático entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de Malvinas sumó ayer un nuevo capítulo, luego de que el Gobierno denunciara vuelos ilegales operados por una empresa británica entre las Islas y Punta Arenas, Chile.
Así lo anunció el presidente, Javier Milei, a través de un mensaje en la red social X en el que reveló que instruyó “a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte”.
En un párrafo siguiente, advirtió que “si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”.
En mayúsculas, sentenció “las Malvinas son argentinas y se defienden con hechos, no palabras”, para finalmente compartir un comunicado de la Oficina del Presidente. Allí se anuncia que, tras detectar “operaciones realizadas por la empresa Thales UK Limited en la ruta aérea Islas Malvinas-Punta Arenas, mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido y sin autorización de las autoridades argentinas, el Presidente de la Nación ha ordenado a los equipos de Gobierno dar inicio de forma urgente a los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, así como también a las gestiones diplomáticas pertinentes”.
En línea con lo descripto por Milei, el texto comienza informando “que, frente al accionar ilegítimo del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”, el mandatario pidió iniciar el procedimiento de arbitraje previsto por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La intención es “impedir la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto denominado Sea Lion, así como la adopción de cualquier otra medida susceptible de agravar la situación, en particular, el otorgamiento de nuevos permisos de explotación de los recursos naturales existentes en la Plataforma Continental Argentina”.
El comunicado oficial recordó que la Asamblea General de la ONU (de la que el jefe de Estado es muy crítico) “reconoció” la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido sobre Malvinas “e instó a ambos Gobiernos a encontrar una solución pacífica a la controversia mediante negociaciones”. En ese sentido, el Gobierno consideró que “la explotación unilateral de los recursos naturales” del archipiélago “es contraria al derecho internacional y produce un perjuicio irreversible e irreparable a los derechos de soberanía de la República Argentina”.
Intimación
En este marco, agregó el texto, el Gobierno intimó a Londres para que, en un plazo de dos semanas, adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuación de las actividades destinadas a la explotación de los recursos hidrocarburíferos en la Plataforma Continental Argentina.
“De no cumplir el Reino Unido con este requerimiento en el plazo fijado, la República Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar las medidas provisionales necesarias para preservar los derechos soberanos sobre su Plataforma Continental”, se lee en el comunicado que compartió Milei.
Además, la Casa Rosada expresó su “rechazo categórico” a la respuesta londinense al discurso del Presidente ante la Asamblea General de la ONU y aseguró que la pretendida denominación de las Islas Malvinas como “Territorio Británico de Ultramar” y el referéndum unilateral celebrado en 2013 y no reconocido internacionalmente “no alteran la existencia ni el objeto de la controversia de soberanía reconocida” por la ONU.
“La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que reconocen el derecho nacional e internacional. Las Malvinas son argentinas”, concluyó el comunicado oficial.
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