El Gobierno dejó de trabajar en una reforma tributaria integral para el corto plazo y analiza reservarla como una de sus principales promesas económicas de cara a un eventual segundo mandato de Javier Milei.
La decisión representa un nuevo cambio respecto de la hoja de ruta que la Casa Rosada había trazado durante el último año y que contemplaba presentar el proyecto antes de finalizar 2026, tal como se había comprometido ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Aunque el Ejecutivo mantiene como objetivo político avanzar hacia un sistema con menos tributos y menor presión fiscal, considera que las cuentas públicas todavía no permiten aplicar una reducción estructural sin poner en riesgo el equilibrio presupuestario.
“Seguramente como promesa”, admitieron fuentes oficiales al ser consultadas sobre la posibilidad de que la iniciativa quede para después de las elecciones.
Un equilibrio con poco margen
El principal obstáculo es el reducido colchón fiscal disponible. Según el último resultado oficial, durante los primeros siete meses del año el Sector Público Nacional acumuló un superávit primario cercano al 0,9% del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, después del pago de intereses de la deuda, el excedente financiero fue de apenas el 0,1%.
En julio, el resultado primario alcanzó los $2,96 billones y el financiero cerró con un saldo positivo de $244.897 millones. La evolución mensual, no obstante, muestra unas cuentas públicas con escaso margen para absorber una caída permanente de la recaudación.
El Gobierno obtuvo superávit financiero entre enero y mayo, registró un déficit de $1,025 billones en junio y volvió al terreno positivo durante julio.
Desde el Ministerio de Economía sostienen que, antes de eliminar o reducir impuestos de elevada recaudación, es necesario generar recursos suficientes para compensar esa pérdida.
La discusión técnica había incluido una simplificación del IVA, modificaciones en Ganancias y el Monotributo, la eliminación gradual de Bienes Personales y la transformación del impuesto al cheque en un pago a cuenta hasta su desaparición.
También se analizaron reducciones de las retenciones y un acuerdo con las provincias para disminuir Ingresos Brutos y las tasas municipales.
El informe elaborado por el Consejo de Mayo ya había advertido que una reducción tributaria solamente sería sostenible si estaba acompañada por una baja equivalente del gasto público. De lo contrario, señaló, el costo fiscal terminaría trasladándose hacia adelante.
El ministro de Economía, Luis Caputo, también condicionó las futuras rebajas al crecimiento y la formalización de la actividad. Según explicó, una mayor recaudación con un nivel de gasto constante permitiría generar los recursos necesarios para continuar disminuyendo la presión impositiva.
Seguirán las reducciones puntuales
La postergación de la reforma integral no significa que el Gobierno descarte aplicar nuevas rebajas durante 2027. Economía ya estableció un sendero de reducción de los derechos de exportación para distintos productos agropecuarios y mantiene la eliminación progresiva de las retenciones industriales.
Caputo sostuvo incluso que la eliminación completa de los derechos de exportación podría convertirse en uno de los objetivos de un segundo mandato libertario.
En la Casa Rosada diferencian esas medidas sectoriales de una reforma que modifique simultáneamente los principales impuestos nacionales. El IVA, Ganancias y el impuesto a los débitos y créditos representan una parte importante de los ingresos del Estado, por lo que cualquier cambio obliga a determinar qué gastos se reducirán o con qué recursos se compensará la pérdida.
La negociación con las provincias
Otro obstáculo es la dimensión federal del rediseño. La Nación pretende que una reforma amplia esté acompañada por una disminución de Ingresos Brutos y de las tasas municipales, una condición que exige alcanzar acuerdos con gobernadores e intendentes.
El Consejo de Mayo dejó fuera de su propuesta principal una modificación del régimen de coparticipación, al considerar que su complejidad requiere la participación específica de todas las provincias.
Por ahora, la prioridad oficial será preservar el superávit, concretar las reducciones que ya cuentan con un cronograma definido y utilizar cualquier mejora adicional de la recaudación para profundizar bajas puntuales sin comprometer las cuentas públicas.
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