El Gobierno avanza con un paquete de reformas penales que contempla aumentos de penas, nuevos delitos y cambios en las reglas de legítima defensa. El proyecto, todavía en elaboración, podría ser enviado al Congreso.
La iniciativa es trabajada por el Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, y avanzaría en paralelo con la reforma integral del Código Penal que el Gobierno proyecta para una segunda etapa.
Entre las modificaciones aparecen figuras específicas para los denominados “motochorros” y “trapitos”, además de mayores penas para robos cometidos mediante entraderas y salideras bancarias.
En el caso de los “motochorros”, el uso de una moto para facilitar un robo pasaría a ser un agravante. La pena podría alcanzar los 15 años de prisión.
También se agravarían los robos cometidos cuando la víctima se encuentra en una situación de vulnerabilidad, como al entrar o salir de su domicilio o de una entidad bancaria. La escala prevista sería de 5 a 15 años.
El proyecto crea además un delito específico para los “trapitos”. Cobrar dinero por cuidar vehículos en la vía pública sin autorización tendría una pena de hasta 3 años de prisión.
La pena subiría a 6 años cuando exista violencia o el hecho ocurra durante eventos masivos. Si interviene una organización o se utilizan armas, podría alcanzar los 8 años.
Las denominadas “viudas negras” también quedarían contempladas. El uso de drogas u otras sustancias para anular la voluntad de la víctima y concretar un robo sería un agravante con penas de hasta 12 años.
Legítima defensa
Otro capítulo está relacionado con la legítima defensa. El borrador establece una presunción favorable para quien repele una agresión cuando exista una duda sobre si el medio utilizado fue racionalmente necesario.
El mismo criterio alcanzaría a los policías que utilicen la fuerza reglamentaria frente a un peligro grave e inminente para su vida o la de terceros.
Además, se eliminaría el requisito de nocturnidad para determinados casos de legítima defensa dentro de una vivienda. La modificación alcanzaría los casos de ingreso violento al domicilio.
El texto también busca ampliar la participación de las víctimas durante los procesos judiciales. Según el borrador, deberán ser escuchadas obligatoriamente por los magistrados antes de determinadas decisiones.
Cárceles
En las cárceles, el Gobierno propone convertir en delito el ingreso de teléfonos celulares, con una pena de hasta 3 años de prisión. Actualmente, esa conducta puede ser sancionada por la vía administrativa.
La tenencia de “facas” u otras armas dentro de establecimientos penitenciarios también pasaría a constituir un delito. La pena prevista podría llegar a los 6 años de prisión.
El paquete incluye además un aumento general de las penas para distintos delitos vinculados con el narcotráfico. El Gobierno plantea modificaciones tanto para las conductas más graves como para otros delitos relacionados.
El borrador propone cambios en los plazos de prescripción. Para los delitos menos graves, el máximo pasaría de 12 a 15 años, mientras que los delitos castigados con prisión perpetua serían declarados imprescriptibles.
Migración
Otro de los puntos establece una sanción penal para el extranjero que ingrese ilegalmente al país. La medida se sumaría al endurecimiento de las normas migratorias dispuesto por el Gobierno mediante el Decreto 366/2025.
Varias de estas modificaciones habían sido anticipadas por Mahiques en marzo, cuando anunció que Justicia trabajaba sobre motochorros, trapitos, viudas negras, entraderas, salideras, delitos migratorios y armas dentro de las cárceles.
El proyecto todavía está en elaboración y no constituye una norma vigente. El Gobierno debe definir su contenido final y el momento de enviarlo al Congreso, mientras mantiene en preparación una reforma integral del Código Penal.
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