Mientras continúa demorado el envío del nuevo Código Penal por diferencias internas, el Gobierno avanza con otro proyecto de peso: una reforma integral del Poder Judicial que contempla la eliminación de algunos tribunales, la creación de otros y una reorganización de la Justicia federal.
La iniciativa se encuentra en una etapa avanzada, aunque todavía permanece bajo revisión del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que trabaja sobre los últimos detalles antes de definir su envío al Congreso.
Uno de los principales ejes será la reorganización de los juzgados federales. Para avanzar en ese objetivo, el oficialismo pretende modificar la ley de Organización de la Justicia Federal.
Entre los cambios bajo análisis figura reducir de 12 a 8 los juzgados de primera instancia de Comodoro Py y pasar de 13 a 9 integrantes en la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal por debajo de la Corte Suprema.
“La propuesta va más allá de eso, no solo se van a cerrar determinados tribunales, sino que también se van a abrir otros. Todo esto se está pensando todavía”, explicó una fuente que trabaja en la iniciativa.
Aunque no es el objetivo central de la reforma, en el Gobierno consideran que los cambios también podrían contribuir a reducir las vacantes en el Poder Judicial.
En lo que va del año, el Ejecutivo envió 203 pliegos al Senado: 144 para jueces, 26 para fiscales, 25 para defensores y cuatro listas de conjueces. Hasta el momento fueron designados 96 funcionarios y otros 85 candidatos permanecen a la espera del acuerdo parlamentario.
La Casa Rosada se fijó como objetivo alcanzar unas 300 postulaciones antes de fin de año y reducir la vacancia judicial del 35% inicial al 27%.
El proyecto también buscará disminuir la cantidad de causas en trámite y modificar la distribución de funciones dentro de los juzgados para reducir las subrogancias.
Además, el Ministerio de Justicia analiza transferir a las provincias los fondos que eventualmente queden disponibles por la reducción de cargos. En paralelo, continuará impulsando el traspaso de la Justicia nacional ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires, una discusión pendiente desde hace décadas.
CAUTELA CON LOS JUZGADOS ELECTORALES
Uno de los capítulos más sensibles está relacionado con los juzgados con competencia electoral de todo el país. En este punto, el Gobierno avanza con cautela por la cercanía de las elecciones presidenciales de 2027.
Estos tribunales intervienen en cuestiones centrales para la competencia política, como la oficialización de listas, la personería de los partidos y distintos aspectos del calendario electoral.
Por ese motivo, cualquier modificación de su estructura tiene implicancias que exceden el funcionamiento administrativo de la Justicia y alcanzan directamente a la construcción territorial de las fuerzas políticas.
Mientras avanza la reforma judicial, el Ejecutivo todavía tiene pendiente el envío al Congreso del nuevo Código Penal, frenado por diferencias dentro del oficialismo. En la mesa política consideran que “es probable que este sea el próximo asunto para discutir”, aunque todavía no existe consenso definitivo sobre el texto.
La propuesta original, elaborada por un equipo de especialistas encabezado por Jorge Buompadre, planteaba reemplazar completamente el Código vigente desde 1921 y contenía 912 artículos.
El borrador había recibido el aval del entonces ministro Mariano Cúneo Libarona, pero quedó congelado con la llegada de Mahiques, que decidió revisarlo y propuso elaborar una versión que tuviera “más espíritu libertario”.
La intención del ministro era modificar la base del Código actual en lugar de reemplazarlo completamente. Sin embargo, cuando esa propuesta llegó a la Secretaría de Legal y Técnica no obtuvo el visto bueno de María Ibarzábal Murphy, cercana al asesor presidencial Santiago Caputo, cuyo sector se inclinaba por una reforma más amplia.
A partir de entonces circularon diferentes borradores hasta llegar a una propuesta de alrededor de 300 artículos que tendría consenso entre los sectores que protagonizaron la discusión. Cerca de Caputo, sin embargo, todavía impulsan ampliar el texto hasta unos 500 artículos.
En el oficialismo existen dudas sobre si esas diferencias podrían repetirse con la reforma del Poder Judicial. Otras fuentes gubernamentales aseguran que, en este caso, los principales lineamientos ya fueron acordados y que el proyecto no debería atravesar los mismos obstáculos que demoraron el nuevo Código Penal.
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