El Gobierno nacional amplió el universo de rutas que podrán ser concesionadas al sector privado mediante el cobro de peajes, al incorporar 27 trazas de la Red Vial Nacional al proyecto denominado Red Federal de Concesiones. Y la provincia de Buenos Aires concentra buena parte de las rutas incluidas.
La medida quedó establecida a través de un decreto que habilita al Ministerio de Economía a avanzar con los estudios y posteriores llamados a licitación. La decisión alcanza a rutas distribuidas en distintas provincias, entre ellas la de Buenos Aires, y apunta a incorporar nuevos corredores al esquema de gestión privada de la infraestructura vial. Según los fundamentos de la norma, la iniciativa busca promover inversiones para la conservación, mantenimiento, rehabilitación y ampliación de los caminos, además de mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad.
Más peajes: el impacto en la provincia de Buenos Aires
En la provincia de Buenos Aires quedaron incluidas las rutas nacionales 3, en el tramo que comparte con Chubut y Santa Cruz; 22, junto con La Pampa; 33; 35, que también atraviesa La Pampa y Córdoba; 228 y el acceso A0017. También se incorporó la ruta 9 en su recorrido por Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy.
El listado comprende, además, las rutas 11, que atraviesa Santa Fe, Chaco y Formosa; 12, en Entre Ríos; 14, entre Corrientes y Misiones; y 16, en Santiago del Estero, Chaco y Salta. Se suman las rutas 81 y 86, en Formosa; 89, entre Chaco y Santiago del Estero; y 120, 121 y 122, en Corrientes.
En la Patagonia fueron incorporadas las rutas 25 y 26, en Chubut, y la 237, en Neuquén. El resto del listado incluye las rutas 34, entre Jujuy y Salta; 38, en Córdoba y La Rioja; 50, en Salta; 60 y 158, en Córdoba; y 151 y 152, en La Pampa.
Cómo se definirán las concesiones de las rutas nacionales
El decreto establece que la incorporación de estas rutas no implica que todos sus recorridos vayan a ser concesionados de manera integral. El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, deberá determinar cuáles serán los tramos que integrarán los futuros corredores, sobre la base de informes técnicos de la Dirección Nacional de Vialidad.
La cartera económica tendrá a su cargo la aprobación de los pliegos, la convocatoria a las licitaciones públicas nacionales e internacionales, la evaluación de las ofertas y la adjudicación de los contratos. El plazo fijado para realizar los llamados es de 12 meses desde la entrada en vigencia de la norma.
A su vez, Vialidad Nacional será la autoridad de aplicación de los contratos y tendrá a su cargo las tareas de supervisión y control de las concesiones. La medida también aclara que los nuevos tramos no podrán superponerse con sectores que ya fueron concesionados en las etapas I, II, II-B y III de la Red Federal de Concesiones, aunque algunas de las rutas incorporadas también figuren en esos procesos.
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