Ante el vencimiento del plazo de dos semanas que el Gobierno le había dado al Reino Unido para frenar las tareas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas, la administración nacional avanzará esta semana en una presentación formal ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. La Cancillería, en conjunto con la Procuración del Tesoro, solicitará medidas cautelares en la sede de Hamburgo para lograr la suspensión de la exploración y la explotación hidrocarburífera en la cuenca norte mientras se desarrolla un arbitraje internacional.
Esta jugada judicial se apoya en la instrucción que el presidente Javier Milei firmó a fines de septiembre para activar el procedimiento contemplado en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En los tribunales internacionales, el planteo argentino se limitará estrictamente al cumplimiento de las obligaciones de conservación y protección de los recursos en zonas marítimas en disputa, sin pretender que el organismo internacional se exprese sobre la soberanía del archipiélago, un asunto que excede su competencia. En paralelo, los equipos técnicos de la Procuración ultiman los detalles sobre la conformación del cuerpo de letrados que asumirá la representación del país en Alemania, evaluando la incorporación de asesores externos con experiencia en litigios de esta naturaleza.
La decisión de acudir a la vía judicial se produce luego de que el gobierno británico desatendiera las advertencias formales cursadas desde Buenos Aires. Desde Londres ratificaron el respaldo a las operaciones comerciales impulsadas por las autoridades de las islas y defendieron la potestad de avanzar en el desarrollo económico de la zona.
Si bien la presentación no frena por sí misma los trabajos en el área, el paso dado por el Ejecutivo constituye una de las acciones legales más significativas encaradas por el Estado argentino en los últimos años para intentar detener la explotación unilateral de recursos en el Atlántico Sur.
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