La disputa judicial por una lujosa quinta ubicada en Pilar y presuntamente vinculada a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo. La Cámara del fuero Penal Económico resolvió que la causa continúe en la Ciudad de Buenos Aires, bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, a cargo de Verónica Straccia.
La decisión representa un revés para Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, quienes figuran como propietarios del predio y habían solicitado que el expediente permaneciera en el juzgado federal de Campana, encabezado por Adrián González Charvay.
El fallo, firmado por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, determinó que la competencia corresponde al fuero especializado en delitos económicos, donde se investigan posibles maniobras de evasión y lavado de dinero.
La causa busca establecer quiénes son los verdaderos dueños de una estancia de más de diez hectáreas ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, valuada en alrededor de 20 millones de dólares.
La propiedad fue adquirida en mayo de 2024 por la firma Real Central S.R.L., cuyos titulares visibles son Pantano y su madre, Ana Lucía Conte. Sin embargo, los investigadores consideran que ambos no cuentan con capacidad económica suficiente para justificar una operación de semejante magnitud.
Por ese motivo, la Justicia analiza si actuaron como presuntos testaferros de dirigentes de la AFA, en particular del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.
En los allanamientos realizados en el predio fueron secuestrados 50 vehículos de colección y alta gama, además de distintos elementos que reforzaron las sospechas de los investigadores. Entre ellos aparecieron fotografías de Toviggino, un bolso con su nombre, una placa homenaje y un karting similar a los utilizados por su hijo.
Otro de los elementos incorporados al expediente es una tarjeta corporativa de la AFA a nombre de Pantano, utilizada presuntamente para afrontar gastos vinculados a la flota de vehículos hallada en la propiedad.
Además de las mansiones y los automóviles, el complejo cuenta con un haras de caballos árabes y pura sangre, una pista ecuestre, helipuerto, canchas de fútbol e instalaciones deportivas.
La investigación también puso bajo la lupa la estructura societaria utilizada para concretar la compra. La empresa adquirente se llamaba originalmente Central Park Drinks S.R.L. y contaba con un capital social de apenas 300.000 pesos.
Sin embargo, dos semanas antes de la operación inmobiliaria cambió su nombre a Real Central S.R.L. y elevó su capital a 58 millones de pesos, multiplicándolo casi 200 veces. Poco después concretó la adquisición del predio.
Para los denunciantes, ese incremento patrimonial no alcanza para explicar el origen de los fondos utilizados en una operación de semejante escala.
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