En medio de la polémica por el destino de los fondos destinados a la infraestructura vial, el peronismo volvió a poner sobre la mesa una iniciativa que promete sumar tensión entre la Casa Rosada y las provincias: coparticipar la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) para que una mayor proporción de esos recursos quede directamente en manos de gobernadores e intendentes.
El planteo atravesó este martes una reunión de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, convocada por su presidente, Martín Aveiro, de Unión por la Patria. Allí participaron intendentes, funcionarios provinciales, legisladores y representantes vinculados a la infraestructura vial para analizar el deterioro de las rutas nacionales y la paralización de obras.
La Libertad Avanza no participó del encuentro y tampoco asistieron sus aliados del PRO y la UCR. “Una lástima que tengamos la ausencia total del bloque oficialista y sus aliados, que han tomado la decisión de no asistir”, cuestionó Aveiro.
El encargado de anticipar la nueva ofensiva fue el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, quien aseguró que distintos gobernadores evalúan volver a impulsar el proyecto para modificar la distribución del impuesto.
“Vamos a seguir exigiendo, a partir de alguna iniciativa de distintos gobernadores del país, que el fondo del Impuesto a los Combustibles se coparticipe y pueda ser administrado por los gobernadores y los intendentes”, afirmó.
UN PROYECTO QUE QUEDÓ FRENADO EN DIPUTADOS
La iniciativa tiene un antecedente inmediato. El año pasado, en un acuerdo que reunió a los 23 gobernadores y al jefe de Gobierno porteño, las provincias impulsaron una modificación del esquema de distribución del Impuesto a los Combustibles.
La propuesta contemplaba que un 14,29% de lo recaudado quedara para el Tesoro Nacional, un 57,02% fuera directamente a las provincias y el 28,69% restante se destinara al Sistema Único de Seguridad Social.
El proyecto consiguió media sanción del Senado en julio de 2025, pero luego quedó frenado en la Cámara de Diputados, donde parte de los gobernadores que inicialmente habían respaldado la iniciativa terminaron tomando distancia.
Ahora, el PJ busca recuperar aquella discusión al calor de las denuncias sobre la administración de los fondos viales y los reclamos provinciales por el deterioro de las rutas nacionales.
MÁS DE $1 BILLÓN, BAJO LA LUPA
El eje de la controversia es el Sistema Vial Integrado (SisVial), un fideicomiso que recibe una porción de lo recaudado por el impuesto a los combustibles y cuyo destino específico es financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial.
Según información conocida en los últimos días, durante casi tres años la administración de Javier Milei recaudó más de $1,5 billones mediante ese mecanismo, pero sólo aplicó aproximadamente una cuarta parte a obras viales. A fines de mayo, más de $1 billón permanecía colocado en inversiones financieras, entre títulos públicos y plazos fijos.
El Ministerio de Economía es la autoridad de aplicación del sistema, mientras que el Banco Nación administra los recursos a través de los fondos fiduciarios.
EL PJ TAMBIÉN QUIERE INTERPELAR A CAPUTO
La estrategia opositora no se limita a modificar el reparto del impuesto. Unión por la Patria también busca llevar al ministro de Economía, Luis Caputo, al Congreso para que explique qué ocurrió con los recursos que no fueron destinados a obras.
La diputada Marina Salzmann recordó que a principios de agosto presentó un pedido de informes sobre la utilización de esos fondos y señaló que, junto con Aveiro y otros legisladores, impulsó además un pedido de interpelación.
“Nos parece importante que venga a esta casa a dar explicaciones, que dé la cara frente a los argentinos y pueda decir en dónde se están utilizando los recursos”, afirmó.
LA CASA ROSADA NIEGA UN DESVÍO DE FONDOS
El Gobierno rechazó las acusaciones y sostuvo que no existe ninguna irregularidad en el manejo de los recursos.
El vocero Adrián Ravier afirmó que el Ejecutivo respeta las partidas establecidas en el Presupuesto y aseguró que los fondos que todavía no fueron utilizados permanecen invertidos para preservar su valor.
“No se están malversando fondos, no hay ningún delito. El resto del dinero no se desvía a ningún lado: está invertido justamente para que no pierda valor y se asignará a las rutas nacionales”, sostuvo.
Caputo también había defendido el mecanismo durante una reciente visita a Catamarca. Según explicó, el Gobierno tiene la obligación de ejecutar los montos contemplados en el Presupuesto Nacional, pero consideró que la asignación específica de un impuesto no implica que la totalidad de lo recaudado deba gastarse inmediatamente.
“Lo que efectivamente se invierte es en lo que se aprueba en el Presupuesto Nacional. Esa es la obligatoriedad”, afirmó.
La explicación no cerró la disputa. Con el pedido de interpelación a Caputo, las presentaciones judiciales y la amenaza de volver a discutir en Diputados la coparticipación del Impuesto a los Combustibles, el destino de los fondos viales vuelve a instalarse como un frente de conflicto entre la Nación y las provincias.
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