Desde que las imágenes a bordo de un yate en el Mar Mediterráneo junto a la modelo Sofía Clerici dinamitaran su carrera pública, Martín Insaurralde optó por el silencio absoluto. Su exposición actual es nula, una postura que se profundizó tras la reciente difusión de videos donde su ex esposa, Jesica Cirio, muestra un vestidor repleto de dólares. Sin embargo, el repliegue mediático no equivale a una pérdida total de territorio: la profunda huella de poder que el dirigente tejió durante más de una década en la provincia de Buenos Aires sigue activa en estructuras estratégicas del Estado.
La red de influencia del ex intendente de Lomas de Zamora abarca desde el millonario presupuesto de la Legislatura bonaerense hasta puestos clave en el control del juego, la fiscalización de los municipios y la propia intendencia que le sirvió como plataforma política.
La Cámara de Diputados provincial (que cuenta con un presupuesto de 222.800 millones de pesos) fue históricamente el principal reducto del insaurraldismo. Durante años estuvo presidida por el dirigente de más confianza, Federico Otermín. Hoy, aunque el cargo de jefe de Gabinete provincial fue eliminado por Axel Kicillof tras el escándalo de 2023, la Cámara baja sigue respondiendo a su sintonía.
En el bloque de Unión por la Patria permanecen legisladores como Juan Pablo De Jesús (ex intendente del Partido de La Costa) y Marcela Basualdo (San Miguel del Monte). De Jesús fue uno de los dirigentes que asistió al country Fincas de San Vicente el 30 de septiembre de 2023, el día exacto en que estalló el "Yategate".
El actual presidente de la Cámara, Alejandro Dichiara, mantiene estrechos vínculos con Insaurralde y con Máximo Kirchner, a quien el ex jefe comunal ayudó en su momento a proyectarse en el Partido Justicialista bonaerense.
En la Cámara alta, Insaurralde conserva la banca de Adrián Santarelli (otro de los asistentes a la reunión de emergencia en San Vicente). Además, Gabriela Demaría, dirigente que responde directamente a su estructura, fue nombrada a fines de 2025 como síndica del Banco Provincia, una designación nacida de las negociaciones de Kicillof con la Legislatura para destrabar el pedido de endeudamiento.
El Instituto Provincial de Lotería y Casinos, históricamente un área codiciada, estuvo bajo el control directo de Insaurralde a través de Omar Galdurralde. Si bien hoy el organismo es presidido por Gonzalo Atanasof (vinculado a Julio Alak), la segunda línea del organigrama mantiene intactos a los funcionarios de la gestión anterior, como Sebastián Silvestre (Director Jurídico y Legal), Diego Etcheverry (Comunicaciones) y María Laura Spinelli (Sistemas).
El esquema se repite en el Tribunal de Cuentas, el órgano encargado de auditar los gastos de todos los municipios bonaerenses. Allí se mantiene firme Juan Pablo Peredo, ex directivo de la firma de bingos Codere y otro de los presentes en el country el día del escándalo, al frente de la Vocalía de Reparticiones Autárquicas. En la misma órbita opera el subsecretario Pablo De Rosa y Florencia Stamato (directora general de Legislación), quien fuera secretaria privada de Insaurralde y es sobrina del ex intendente Jorge Rossi.
El municipio que Insaurralde gobernó hasta 2021 quedó en manos de Otermín. Sin embargo, en el plano local se percibe un paulatino pero constante reacomodamiento de fuerzas. Desde fines de 2023, el gabinete de Lomas de Zamora experimenta un cambio: ganan terreno los dirigentes cuya lealtad primaria es hacia Otermín, desplazando a la vieja guardia insaurraldista.
Históricos del sector como Martín Choren dejaron la Jefatura de Gabinete local, lugar que ahora ocupa Sol Tischik, alineada de forma directa con el nuevo intendente. Areas sensibles como Seguridad, Educación, Obras Públicas y Ambiente también renovaron a sus titulares. Con todo, la retirada no es total: Matías Gasparrini se sostiene como secretario de Gobierno y Mariano Ortega permanece en el organigrama, aunque bajo roles distintos a los de la época dorada del ex jefe de Gabinete.
Alejado de los micrófonos y de las recorridas de campaña, el entramado institucional construido durante más de diez años demuestra que retirarse de la vista no siempre significa perder el poder.
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