Un pueblo entero quedó incluido en una operación inmobiliaria. Sus tierras, viviendas, escuela, capilla, puesto sanitario y hasta las fuentes de agua formaron parte de la venta de unas 200.000 hectáreas adquiridas por un inversor estadounidense.
El episodio ocurrió en 2008 en Valle Hermoso, en la provincia de La Rioja, y con el paso del tiempo se convirtió en uno de los casos emblemáticos dentro de la discusión sobre la extranjerización de tierras en Argentina.
La operación implicó el traspaso de la titularidad registral de una enorme extensión que no solo contenía campos y montañas, sino también una comunidad consolidada y distintos servicios utilizados por sus habitantes.
El caso dejó al descubierto los vacíos que existían en la legislación argentina para controlar la adquisición de grandes superficies rurales por parte de extranjeros y quedó como una referencia en el debate que, tres años más tarde, desembocó en la sanción de la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras.
Un pueblo dentro de 200.000 hectáreas
Cuando se concretó la operación, Argentina no contaba con las restricciones específicas que posteriormente serían establecidas para limitar la concentración de tierras rurales en manos extranjeras.
La particularidad de Valle Hermoso era que dentro de la superficie adquirida había una comunidad establecida desde hacía años. La venta comprendía viviendas y espacios de uso comunitario, además de recursos naturales esenciales para quienes vivían en la zona.
La transacción puso así sobre la mesa una discusión que excedía ampliamente una compraventa de campos: hasta dónde podía avanzar la propiedad privada sobre territorios habitados y qué herramientas tenía el Estado para proteger a las comunidades y los recursos estratégicos frente a operaciones inmobiliarias de semejante magnitud.
La situación también evidenció la facilidad con la que grandes extensiones del territorio podían quedar registradas a nombre de capitales extranjeros sin que existieran controles específicos destinados a limitar ese fenómeno.
El impacto en el debate por la tierra
Tres años después del caso de Valle Hermoso, en 2011, el Congreso sancionó la Ley 26.737, destinada a establecer límites a la adquisición y posesión de tierras rurales por parte de extranjeros.
Entre sus principales disposiciones, la normativa fijó un límite del 15 por ciento para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. También estableció restricciones sobre la cantidad de hectáreas que podía concentrar un mismo titular extranjero.
Además, incorporó limitaciones para la adquisición de inmuebles que contuvieran o fueran ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes.
El caso riojano quedó asociado al debate que acompañó aquella legislación como ejemplo de las consecuencias que podía generar la ausencia de controles sobre grandes operaciones inmobiliarias protagonizadas por compradores extranjeros.
La batalla de los habitantes para quedarse
La existencia de una escritura de compraventa, sin embargo, no significó que el nuevo titular pudiera desplazar automáticamente a las familias que vivían en Valle Hermoso.
Tras conocerse la operación, los pobladores iniciaron una extensa disputa judicial para defender la posesión de las tierras. Argumentaron que nunca habían abandonado el territorio y que mantenían la ocupación efectiva del lugar, donde desarrollaban su vida cotidiana y sus actividades productivas.
La Justicia provincial de La Rioja intervino en el conflicto y, luego de varios años de litigio, reconoció derechos posesorios de quienes habitaban el pueblo.
De esa manera, aunque la operación había formalizado el cambio de titularidad registral de las tierras, los habitantes consiguieron preservar su derecho a permanecer en el territorio.
El comprador extranjero tampoco logró tomar posesión efectiva del predio, mientras que la comunidad continuó viviendo en Valle Hermoso.
Un antecedente que vuelve al centro de la discusión
Con el paso de los años, la historia de Valle Hermoso quedó instalada como una referencia dentro de las discusiones sobre la propiedad rural, la extranjerización de tierras y el control de recursos naturales estratégicos.
La comunidad continúa en territorio argentino y sus pobladores permanecen en el lugar, pero aquella operación de 2008 vuelve a cobrar relevancia cada vez que se discuten modificaciones a las restricciones sobre la propiedad extranjera.
El caso permite dimensionar el escenario que existía antes de la sanción de la Ley de Tierras y los motivos que llevaron a establecer controles específicos para las operaciones protagonizadas por compradores extranjeros.
A más de una década de la aprobación de aquella normativa, Valle Hermoso continúa siendo un antecedente en la discusión sobre hasta dónde deben llegar los límites a la propiedad extranjera de tierras rurales y qué herramientas debe conservar el Estado para proteger a las comunidades y los recursos estratégicos del país.
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