El Senado convirtió el proyecto de ley de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", que incluye en su articulado la restitución de la Ley de Tierras Rurales del kirchnerismo, y establece un mecanismo de desalojos "exprés" para los campos y viviendas usurpadas.
El proyecto se aprobó por 42 contra 26 votos que fueron aportados por el oficialismo y bloques aliados. Además de la Libertad Avanza, votaron a favor la UCR, el PRO, Despierta Chubut, Provincias Unidas, Convicción Federal y Movimiento por Misiones.
En tanto, lo hicieron en contra el bloque Justicialista, Mover Santa Cruz, La Neuquenidad, Primero los Salteños, Frente Cívico de Santiago del Estero y Justicia Social.
El proyecto tuvo un recorrido muy complicado para el Gobierno, ya que primero debió eliminar los cambios en la Ley de Tierras y el manejo del Fuego, y luego en diputados, ante el temor de que se pueda derogar el DNU70/23, se restituyo la ley de Tierras que el oficialismo quería eliminar.
De esta manera, se reafirmarán los límites del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, además del tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo del país, espejos de agua y zonas de frontera.
La versión menguada de la Ley de Propiedad Privada que quedó en pie son capítulos que modifican la Ley de Expropiaciones, restringiendo las capacidades del Estado para declarar la utilidad pública de bienes inmuebles, y también una reforma de la ley de Desalojo para permitir acortar drásticamente los tiempos judiciales para la restitución de propiedades usurpadas o con tenencias irregulares.
Desalojos
Se aplicará un desalojo exprés sólo en los casos en que se trate de inmuebles usurpados o tenedores precarios, donde el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si "el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria".
El juez podrá intimar dentro de las 72 horas la devolución del inmueble si así lo pide el propietario, que deberá mostrar con prueba documental que es el dueño de este terreno, vivienda o campo.
En el caso de los deudores morosos tendrán más plazos ya que los inquilinos que adeudan el pago de sus contratos deberán recibir de parte del propietario una carta documento y otorgar un plazo de al menos 10 días corridos para ponerse al día, que se contarán desde que reciben la respectiva notificación.
Expropiaciones y regularización de escrituras
La declaración de utilidad pública se deberá aplicar de manera restrictiva y el Estado deberá fundamentar los motivos claramente de esa medida. El dictamen estableció que habrá tope del 30% de indemnización por lucro cesante, ya que en el proyecto original no ponía ningún porcentaje. La tasa de interés que se deberá pagar será la del Indice de precios al Consumidor más la tasa del Banco Nación a treinta días.
El proyecto modifica la Ley "Pierri" de regularización dominial para que puedan acceder a la escritura de esa vivienda única para las familias que tengan una posesión pública durante los 10 años anteriores para poder acceder a ese beneficio.
El Senado convirtió en ley la adhesión argentina al Tratado de Patentes
Por su parte, la Cámara alta también convirtió en ley el proyecto de adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), cuya aprobación estaba pendiente desde hace décadas y que se reactivó por iniciativa de la gestión de Javier Milei a raíz de un pedido expreso del Gobierno republicano de Estados Unidos.
La iniciativa, una obsesión del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de Federico Sturzenegger, se aprobó con 47 votos afirmativos y 22 negativos.
Argentina había firmado el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) en 1970 y el Senado lo aprobó en 1998, por lo que faltaba la aprobación de la Cámara baja.
Después de décadas de discusiones inconducentes, la gestión de Milei retomó el debate a partir de una exigencia de Estados Unidos en el marco del acuerdo recíproco de comercio e inversión firmado en febrero pasado en Washington.
La insistencia de los laboratorios nacionales logró permear la discusión, y sus argumentos en defensa de la industria nacional de medicamentos fueron tenidos en cuenta por Cancillería y el ministerio de Economía, que convalidaron dejar en reserva el capítulo 2.
Las cámaras farmacéuticas nacionales consideraban que dicho capítulo desprotegía a la industria nacional de medicamentos frente a la competencia de multinacionales, especialmente de origen estadounidense.
Según señalaban, dicha competencia podía encarecer los costos locales del sistema de salud y redundar en barreras críticas para el acceso de la población a los medicamentos.
El miembro informante del oficialismo, Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza), consideró que el país se encuentra a las puertas de "un momento histórico" y destacó que hayan tenido que trancurrir tres décadas para poder concretar el objetivo de adherir al PCT.
Para el formoseño, "este tratado significa apostar de manera directa por el desarrollo federal, la innovación y la atracción de inversiones". "Es una herramienta que simplifica y unifica los trámites internacionales; permite que una PyME de nuestras provincias, investigadores del Conicet o una startup tecnológica puedan proteger su propiedad intelectual con una sola solicitud en 159 países, reduciendo costos asfixiantes", ponderó, y recordó que "Argentina no pertenecía a este grupo hasta el día de hoy".
Según el legislador oficialista, "acompañar este tratado es, ni más ni menos, que entender hacia dónde va el mundo y hacia dónde queremos llevar definitivamente a la Argentina". "Antes sólo obligábamos a registrar sus patentes a través de socios extranjeros por no ser parte de este sistema", comparó.
Por último, subrayó que a través de esta decisión se ratifica que "Argentina abraza la previsibilidad jurídica, respeta las reglas del juego de la economía del conocimiento y le da herramientas reales a su entramado productivo para generar valor, empleo genuino y divisas".
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