La decisión del Gobierno de Javier Milei de vetar la postulación de la jueza Verónica Michelli para integrar el Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata abrió una grieta con los bloques aliados en el Senado (donde se votan los pliegos judiciales) y generó un fuerte rechazo en el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), poniendo en jaque el temario de la sesión prevista para el próximo jueves.
El trasfondo del conflicto tiene nombre y apellido: Hugo Alconada Mon, cuñado de Michelli y periodista que ha investigado los casos más resonantes que comprometen a la Casa Rosada, como la supuesta estafa con la criptomoneda $Libra y las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
El pliego de Michelli había cumplido todos los pasos reglamentarios: fue enviado por el Ejecutivo, tuvo audiencia en el Senado y no recibió impugnaciones.
La comisión de Acuerdos llegó a firmar el despacho por mayoría, con las rúbricas del jefe del bloque PRO, Martín Goerling, los radicales Carolina Losada, Mariana Juri y Maximiliano Abad, y legisladores de bloques provinciales.
Sin embargo, el presidente de esa comisión, Juan Carlos Paggoto -que responde a Karina Milei y a los Menem- aún no presentó ese despacho en Mesa de Entradas, por lo que técnicamente no puede tratarse en el recinto.
“La idoneidad de los jueces no puede quedar sujeta a factores ajenos a su capacidad profesional. El pliego cumplió todas las instancias previstas: fue enviado por el Ejecutivo, tuvo audiencia en el Senado y no recibió impugnaciones. Frenar el proceso en esta etapa, por motivos que aún se desconocen, genera desprolijidad institucional”, advirtió Goerling, y aclaró que el PRO sostendrá la postulación de Michelli.
El Gobierno necesita de los bloques dialoguistas para imponer el retiro del pliego, por lo que lo más probable es que ese punto directamente no llegue a votarse el jueves.
Por eso, el temario definitivo de la sesión será motivo de arduas negociaciones y se terminará de definir en la reunión de Labor Parlamentaria del miércoles.
El oficialismo comandando por Patricia Bullrich parecía tener todo encaminado para avalar las candidaturas de 73 jueces, defensores y fiscales, pero la movida contra Michelli y la polémica que eso generó puso en duda el tratamiento de las designaciones en la Justicia.
FONDOS BUITRE Y OTROS TEMAS
Más allá de la tormenta legislativa desatada en torno a la jueza platense, el temario incluye otros proyectos que cuentan con mayor consenso.
De reunir el quórum necesario, el Senado debatirá el pago de 171 millones de dólares a dos fondos buitre —Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP— en el marco de un acuerdo de conciliación alcanzado en la Justicia norteamericana que contempla una quita cercana al 30 por ciento sobre el total de los montos reclamados.
Estos fondos integran el grupo de los últimos holdouts con reclamos activos que no adhirieron a los canjes de deuda que se ejecutaron tras el default (cesación de pagos) declarado a fines de 2001.
También está previsto que se vote el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que elimina los topes para la compra de tierras por parte de extranjeros —dejando la decisión final en manos de las provincias—, reforma la ley de desalojos con criterio diferenciado entre usurpadores y deudores morosos, y modifica la ley de Manejo del Fuego con un enfoque descentralizado.
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