El Senado avanzó este miércoles con la ley “Hojarasca”, luego de que las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General aprobaran el dictamen del proyecto que ya cuenta con media sanción de Diputados. La iniciativa quedó habilitada para ser tratada en el recinto y podría convertirse en ley.
El proyecto impulsado por el Gobierno busca eliminar normas consideradas obsoletas, innecesarias o desactualizadas. La iniciativa es una de las propuestas centrales del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien promovió la revisión del entramado legal vigente.
La Cámara de Diputados había aprobado el texto en mayo con 139 votos a favor, 96 en contra y nueve abstenciones. Durante su paso por el Congreso, el proyecto tuvo modificaciones y dejó afuera algunas leyes cuestionadas para conservar otras disposiciones.
Qué se dijo durante el plenario
En el debate de comisión, desde el oficialismo defendieron la propuesta como una herramienta para ordenar la legislación argentina.
La senadora de La Libertad Avanza Carmen Álvarez Rivero aseguró que la norma “cumple con una de las responsabilidades del Congreso, que es revisar periódicamente aquellas normas que ya perdieron su razón de ser”.
El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, sostuvo que el proyecto apunta a eliminar leyes que quedaron “obsoletas y vetustas” debido a los cambios tecnológicos y sociales.
Desde la oposición, el senador Martín Soria cuestionó el mecanismo elegido por el Gobierno y señaló que el Congreso ya cuenta con una comisión encargada de revisar y actualizar las normas.
De qué trata la ley Hojarasca
La iniciativa plantea eliminar 58 leyes, modificar artículos de otras ocho y derogar dos decretos que el Ejecutivo considera sin utilidad actual.
El proyecto divide las normas alcanzadas en distintos grupos: leyes superadas por nuevas regulaciones, disposiciones que quedaron antiguas por avances tecnológicos, normas que generan burocracia innecesaria y organismos que ya no tienen actividad.
Entre las leyes incluidas aparecen regulaciones antiguas, normas sobre microfilmación y otras disposiciones que, según el Gobierno, perdieron sentido con el paso del tiempo.
El proyecto había sido presentado inicialmente en 2024, pero perdió estado parlamentario. El Ejecutivo lo volvió a enviar en marzo y consiguió avanzar en Diputados antes de llegar al Senado.
Con el nuevo dictamen, la ley quedó a un paso de su sanción definitiva.
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