Los contradictorios datos sobre la cantidad de alumnos con los que cuenta la Universidad de Buenos Aires (UBA), presentados la semana pasada ante una comisión de la Cámara de Diputados y aún no desmentidos, generan asombro e interrogantes en medio de la dura pugna por el financiamiento. Sin embargo, el sistema universitario esquiva un debate de fondo sobre la deserción estudiantil —que alcanza al 44% en el primer año— y la opacidad en el manejo de las “cajas negras” de sus fundaciones, entre otros aspectos clave para el funcionamiento del nivel educativo más alto del país.
Según un artículo publicado por el periodista Luciano Román en el diario La Nación, a más de un siglo de la Reforma Universitaria de 1918 —cuyo espíritu llamaba a una institución dinámica e integrada al desarrollo nacional—, el sistema evidencia crecientes signos de opacidad, distorsiones en la asignación de recursos y resistencia a la autocrítica.
Uno de los puntos centrales expuestos ante la Cámara baja es la incongruencia estadística: mientras las universidades reportan números abultados de inscriptos al solicitar presupuesto —incluyendo alumnos inactivos o que no rinden exámenes—, las cifras declaradas ante evaluaciones formales se reducen hasta a un tercio para computar únicamente a los estudiantes regulares.
A este panorama se suma la opacidad en la gestión de fondos extrapresupuestarios mediante fundaciones vinculadas. El informe periodístico remarca que, cuando el diario EL DIA buscó acceder a los ingresos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) por servicios de auditoría y concesiones como el estacionamiento medido, tropezó con un muro de contención informativa. La casa de estudios debió ser intimada por la Justicia y, aun así, la respuesta fue parcial y críptica.
Sin embargo, tras un extenso recorrido con pedidos de acceso a la información pública, EL DIA corroboró que, solo por auditorías encargadas por la empresa estatal Enarsa en las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic (Santa Cruz), la fundación de la Facultad de Ingeniería de La Plata percibió casi 14 millones de dólares (US$ 13.828.646) entre el 1° de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024. Este monto representa solo una fracción de un entramado millonario de convenios. “¿A dónde va a parar esa plata? No se sabe. Aun descontados los costos de la auditoría, no hay constancias de que esas ganancias se destinen a becas estudiantiles, a aliviar gastos de funcionamiento o a mejorar los salarios de docentes e investigadores”, advierte el columnista.
En paralelo, y a pesar de la pérdida recurrente de días de clase por paros y reclamos salariales, la infraestructura edilicia se expande hacia áreas alejadas de lo estrictamente académico, como cadenas gastronómicas subsidiadas y nuevas cafeterías. La nota cita como ejemplo la construcción de un nuevo local en la Facultad de Periodismo de La Plata y la habilitación de un quinto comedor universitario. Esta dinámica expone una profunda paradoja: la convivencia entre el reclamo presupuestario permanente y una expansión del gasto operativo cuya prioridad no se discute en los claustros.
Números que inquietan
Esta orientación del gasto choca, además, con los indicadores de inequidad social del sistema sustentados en la Encuesta Permanente de Hogares del Indec:
Únicamente el 3,2% de los jóvenes de 25 años cuyos padres no accedieron a la educación superior logra obtener un título universitario.
En la universidad pública argentina apenas se gradúa 1 de cada 100 estudiantes del quintil más pobre, mientras que casi el 40% del alumnado pertenece a los dos quintiles de mayores ingresos.
Finalmente, la confrontación directa con el Poder Ejecutivo y la retórica oficial sobre el gasto público han llevado a las comunidades académicas a un abroquelamiento defensivo. Discusiones de fondo como las condiciones de regularidad, un eventual arancelamiento selectivo para sectores de altos ingresos o la reconversión de la oferta académica —que en la actualidad forma cinco abogados por cada tres ingenieros— permanecen al margen de la conversación institucional.
A pesar de la intimidación judicial, la respuesta fue parcial y críptica
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