El Gobierno nacional prorrogó la emergencia energética hasta fines de 2027, ante la persistencia de condiciones “críticas”, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 585/2026, publicado ayer en el Boletín Oficial.
La extensión de la emergencia del Sector Energético Nacional es hasta el 31 de diciembre de 2027 y abarca los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, con el objetivo de “garantizar la continuidad y sostenibilidad del servicio público en un contexto de vulnerabilidad técnica y financiera”.
La prórroga se fundamenta en “la persistencia de condiciones técnicas y económicas críticas”, lo que se evidencia en informes que precisan que el sistema opera con márgenes de reserva operativa muy reducidos, alcanzando apenas un 4,4% frente a picos de demanda registrados en febrero de 2025.
A esto le agregan el “preocupante estado” de la infraestructura, que se refleja en el envejecimiento del parque generador eléctrico. Al respecto, el texto oficial detalló que “más del 60% de las fallas en el sector distribución se producen en alimentadores de más de 25 años de antigüedad”.
Asimismo, puntualizó que “el sistema de transporte enfrenta limitaciones estructurales severas”, ya que “opera con márgenes de seguridad reducidos y las principales estaciones transformadoras registran niveles de carga superiores al 90%”, lo que reduce la capacidad de respuesta ante contingencias.
En este sentido, las obras ampliación del sistema de transporte eléctrico, como el sistema “AMBA I” o las líneas de 500 kV, requieren plazos de ejecución que exceden el corto plazo, por lo que el Ejecutivo consideró que “resulta indispensable preservar herramientas regulatorias transitorias”.
Brecha entre el costo y lo que pagan los usuarios
El decreto hace hincapié en “a necesidad de avanzar hacia la autosuficiencia económico-financiera del sistema, ya que, si bien la tasa de cobrabilidad de CAMMESA mejoró del 48% al 97% gracias a la normalización de la cadena de pagos, aún existe una brecha significativa entre el costo de generación y lo que pagan los usuarios”.
Al respecto, indicó que “dicha recomposición requiere continuidad, seguimiento y consolidación, toda vez que una reversión en la disciplina de pagos podría afectar el flujo de fondos administrado por CAMMESA, comprometer pagos a generadores, transportistas y demás agentes del mercado, deteriorar la confianza de los inversores y recrear desequilibrios financieros que el régimen de emergencia procura superar”.
A mayo de 2026, el Precio Estacional (PEST) pagado por los usuarios residenciales subsidiados representaba aproximadamente solo el 24% del costo real de abastecimiento.
En este sentido, el Gobierno sostiene que con la emergencia busca permitir una transición gradual hacia el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), “evitando impactos abruptos” en los sectores más vulnerables.
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