La historia real que llegó al cine con Julia Roberts tuvo como protagonistas a cientos de vecinos de California que denunciaron la contaminación del agua. El caso se convirtió en un antecedente de los reclamos judiciales contra grandes compañías.
Una pequeña localidad de Estados Unidos, cientos de familias afectadas por la contaminación del agua y una poderosa empresa energética terminaron protagonizando uno de los litigios ambientales más conocidos de la historia. En 1996, la compañía Pacific Gas and Electric Company (PG&E) aceptó pagar 333 millones de dólares para resolver las demandas de los habitantes de Hinkley, California, en un caso que posteriormente llegaría al cine.
La investigación tuvo como figura central a Erin Brockovich, una asistente legal sin título de abogada que trabajaba en el estudio jurídico de Ed Masry. Su intervención permitió reunir documentación, identificar a los damnificados y establecer conexiones entre los problemas de salud denunciados por los vecinos y la contaminación de las aguas subterráneas.
El conflicto involucró a más de 600 demandantes. La película que reconstruyó los acontecimientos, estrenada en 2000 y protagonizada por Julia Roberts, popularizó la cifra de 634 vecinos que participaron del procedimiento para alcanzar una resolución. Los registros periodísticos de la época también mencionan aproximadamente 650 personas representadas en la demanda original.
Una investigación que comenzó con documentos
El origen del caso estuvo en la actividad de una instalación de PG&E dedicada al transporte de gas natural. Durante años, la compañía había utilizado cromo hexavalente, también conocido como cromo 6, para prevenir la corrosión en sus sistemas de refrigeración. Los residuos terminaron filtrándose hacia las aguas subterráneas de la zona.
Brockovich comenzó a investigar a principios de la década de 1990, después de encontrar documentación médica vinculada con una operación inmobiliaria. A partir de ese descubrimiento, visitó viviendas, entrevistó a familias y reunió antecedentes sobre enfermedades que los habitantes relacionaban con la exposición al agua contaminada.
La investigación permitió reconstruir el alcance del problema y obtener documentación sobre el conocimiento que tenía la compañía de la contaminación. En 1993 se presentó la demanda y, tres años después, PG&E aceptó el acuerdo millonario que puso fin a aquella etapa del litigio.
El monto se convirtió entonces en uno de los mayores acuerdos económicos alcanzados en Estados Unidos por una demanda de estas características. Sin embargo, la distribución del dinero también generó controversias entre los damnificados, debido a los honorarios profesionales y las diferencias entre las compensaciones individuales.
De los tribunales de California al Oscar
La historia llegó a las pantallas en 2000 con Erin Brockovich, dirigida por Steven Soderbergh. Julia Roberts interpretó a la asistente legal, mientras que Albert Finney encarnó al abogado Ed Masry.
La película obtuvo cinco nominaciones a los premios Oscar, entre ellas mejor película, dirección, actor de reparto, guion original y actriz principal. En la ceremonia de 2001, Julia Roberts ganó el Oscar a Mejor Actriz por su interpretación de Brockovich, consolidando la repercusión internacional de una historia basada en hechos reales.
La propia Brockovich sostuvo posteriormente que la película reflejaba con bastante fidelidad lo sucedido, aunque reconoció que se habían incorporado algunas licencias narrativas. Su trabajo continuó después del acuerdo de Hinkley, con participación en nuevas investigaciones y reclamos vinculados con la contaminación ambiental.
Tres décadas después del acuerdo, el caso conserva relevancia por haber demostrado que una comunidad podía reunir pruebas, organizarse y reclamar reparaciones económicas frente a una empresa de gran dimensión. También dejó expuestas las dificultades de los vecinos para acceder a información ambiental y sostener litigios prolongados.
La experiencia de Hinkley se convirtió así en una referencia internacional para los conflictos entre poblaciones afectadas y grandes compañías industriales, especialmente cuando los reclamos involucran daños ambientales, responsabilidades empresariales y el derecho de los habitantes a obtener una reparación judicial.
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