La Justicia previsional declaró inconstitucional el sistema de movilidad jubilatoria establecido durante el gobierno de Alberto Fernández y dispuso que se utilice una fórmula anterior para recalcular los haberes de una jubilada. La decisión fue tomada por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social y representa un antecedente relevante para los numerosos reclamos que se tramitan en los tribunales.
El pronunciamiento surgió a partir de una demanda presentada contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por Carmen Galletta. Los jueces Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado revocaron una sentencia de primera instancia que había rechazado el planteo de la beneficiaria.
De acuerdo con la resolución, el haber deberá actualizarse mediante el esquema previsto en la ley 27.426, sancionada durante la presidencia de Mauricio Macri, para el período comprendido entre enero de 2021 y junio de 2024. Posteriormente, se aplicará el mecanismo de actualización mensual por inflación establecido a través del decreto 274/2024.
LA PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO
Entre los argumentos que sustentaron la decisión, el tribunal cuestionó que la fórmula aprobada en 2020, basada en la evolución de los salarios y de la recaudación tributaria, no contemplara mecanismos de protección frente a una aceleración de la inflación.
En ese sentido, el juez Fantini advirtió sobre el deterioro que sufrieron los ingresos previsionales durante el período analizado.
Los números incluidos en la sentencia reflejan esa diferencia: entre marzo de 2021 y marzo de 2024, los aumentos acumulados por movilidad alcanzaron el 553,55%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 1.129,07%.
La brecha implicó una pérdida real del poder de compra del 46,83%. Para los magistrados, las actualizaciones posteriores vinculadas a la inflación tampoco lograron revertir el perjuicio, debido a que se calcularon sobre una base de haberes que ya se encontraba depreciada.
CÓMO SE REALIZARÁ EL RECÁLCULO DE LOS HABERES
Para determinar la recomposición correspondiente, la Cámara resolvió recuperar el mecanismo de la ley 27.426, que establecía actualizaciones trimestrales mediante una combinación de dos indicadores: un 70% correspondiente a la inflación medida por el IPC y un 30% vinculado a la evolución salarial registrada por el RIPTE.
La resolución también estableció que deberán descontarse los importes que la jubilada ya hubiera percibido por movilidad, adelantos y bonos extraordinarios, con el objetivo de evitar pagos duplicados.
Otro de los puntos contemplados fue la declaración de inconstitucionalidad del límite previsto en el artículo 9 de la ley 24.463, en aquellos casos en los que su aplicación genere una reducción igual o superior al 15%.
A las diferencias que eventualmente correspondan se les aplicará la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central. No obstante, los jueces hicieron lugar a la excepción de prescripción planteada por la ANSES, lo que limita el período por el cual pueden reclamarse retroactivos.
QUÉ IMPACTO PUEDE TENER LA RESOLUCIÓN
Aunque el pronunciamiento representa un antecedente importante para los reclamos previsionales, su alcance debe ser precisado: la sentencia beneficia exclusivamente a la jubilada que inició la demanda y no establece un incremento automático para todos los beneficiarios del sistema.
Sin embargo, el criterio adoptado por la Cámara podría adquirir relevancia en otros expedientes judiciales que cuestionan la fórmula de movilidad aplicada entre 2021 y 2024, especialmente aquellos que plantean una pérdida del poder adquisitivo de los haberes frente al avance de la inflación.
El abogado previsionalista Adrián Trocoli precisó que el demandante de esta causa ya había ganado otro juicio al ANSES, cuando reclamó que el haber inicial había estado mal calculado al incorporarse al régimen.
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