Las personas mayores en Argentina, un sector que ya representa el 16,2% de la población total, superando los 7,4 millones de habitantes según el Censo 2022, se enfrentan a un complejo escenario financiero caracterizado por restricciones en el crédito de largo plazo y una marcada exposición a productos de alto costo y fraudes digitales.
Así lo advierte la abogada Malena Garré, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, quien señala que esta combinación de factores traslada riesgos indebidos a un sector que debería contar con condiciones de acceso seguras, autónomas e informadas. La problemática pone en debate el cumplimiento de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, con jerarquía constitucional en el país, la cual exige prevenir la discriminación y garantizar la dignidad y la autonomía.
Por un lado, la especialista identifica barreras indirectas en el sistema crediticio tradicional. Diversas entidades establecen límites estrictos que acortan los plazos de los préstamos hipotecarios: algunas fijan una edad máxima de 65 años al momento de otorgamiento y de 75 al finalizarlo, mientras que otras exigen que el solicitante no rebase esa edad al abonar la última cuota.
Bajo estos parámetros, una persona de 65 años puede verse limitada a un plazo de apenas diez años, lo que deriva en cuotas considerablemente más altas y obstaculiza el acceso al financiamiento para la adquisición de una vivienda. Para Garré, esta práctica incurre en un error conceptual grave: “La edad no puede convertirse por sí sola en sinónimo de insolvencia”. La experta remarca que la evaluación de la capacidad de pago debería basarse en ingresos previsionales estables, patrimonio, garantías y cumplimiento, en consonancia con las normativas del Banco Central y el principio de no discriminación consagrado en el Código Civil y Comercial.
En contraposición a las restricciones hipotecarias, el mercado ofrece de forma permanente préstamos personales digitales de acreditación rápida. Al respecto, Garré sintetiza la contradicción del sistema: "Se las considera demasiado riesgosas para financiar una vivienda, pero suficientemente aptas para asumir deudas más caras y potencialmente más difíciles de pagar".
Un relevamiento del Banco Central citado por la abogada detectó que el 77% de las fintech de préstamos que permitían conocer el Costo Financiero Total (CFT) ofrecía tasas superiores al 150 por ciento anual, cifra que en más de la mitad de los casos rebasaba el 400% anual. Promover productos tan onerosos mientras se restringen instrumentos de construcción de patrimonio puede configurar, según advierten los especialistas, una forma de violencia económica o patrimonial protegida por los marcos internacionales.
La vulnerabilidad financiera también se extiende al ecosistema digital. Durante 2024, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) registró 34.468 reportes de delitos informáticos (un incremento del 21,1% interanual), de los cuales el 63% correspondió a fraudes en línea.
Aunque la estadística oficial no detalla el impacto etario, un relevamiento privado de BTR Consulting difundido en 2026 arrojó que el 89% de las personas mayores consultadas había estado expuesto a intentos de fraude digital, y el 78% recibió pedidos de datos personales o códigos de verificación. Ante esto, Garré cuestiona severamente que se culpe a la víctima tras un engaño por haber entregado una clave: "La digitalización no puede trasladar todos sus riesgos al eslabón más débil", enfatiza, recordando los deberes de seguridad e información que recaen sobre las plataformas y entidades.
Como respuesta, propone la implementación de sistemas inteligentes que detecten desvíos en el comportamiento habitual (por montos, horarios o dispositivos), acompañados de alertas comprensibles, demoras preventivas y atención humana inmediata.
El informe también repara en que la brecha tecnológica profundiza la exclusión. Si bien el uso de celulares y conectividad alcanza a una amplia mayoría entre los 60 y 74 años (93,7%), desciende al 78,8% desde los 75 años, encontrando barreras adicionales vinculadas al nivel educativo.
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