En un frente común que combina la defensa del territorio y la protección del medio ambiente, la Asociación Civil de Abogados y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) presentaron una demanda de acción preventiva de daño ambiental y soberano de incidencia colectiva ante la justicia federal en Río Grande.
La medida judicial apunta de manera directa contra las compañías petroleras internacionales Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, ambas con sede en el Reino Unido, así como contra cualquier otra firma involucrada en el diseño, construcción y operación del proyecto hidrocarburífero conocido como “Sea Lion” (León Marino) y sus áreas de expansión asociadas.
El proyecto en cuestión se localiza sobre la plataforma continental argentina, aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas —territorio bajo ocupación ilegítima británica sobre el cual la República Argentina mantiene sus derechos de soberanía imprescriptibles, amparados por la Constitución Nacional.
A diferencia de las demandas tradicionales que buscan resarcimientos económicos tras una contaminación consumada, las entidades demandantes recurrieron al artículo 1711 del Código Civil y Comercial de la Nación, el cual faculta a la Justicia a interceder de forma preventiva para evitar la producción o agravamiento de un perjuicio.Junto con la demanda principal, las organizaciones solicitaron la aplicación urgente de medidas cautelares para paralizar cualquier avance de la infraestructura o tareas de exploración y futura explotación en la zona.
Entre los argumentos centrales expuestos, la querella destaca dos ejes fundamentales:
Peligro ecológico: La instalación de plataformas y la extracción de petróleo offshore en aguas profundas del Atlántico Sur representan un riesgo crítico para los frágiles ecosistemas marinos, donde un eventual derrame o falla operativa tendría consecuencias catastróficas e irreversibles.
Ilegitimidad y soberanía: Se denuncia la explotación unilateral de recursos naturales argentinos sin la correspondiente autorización, licencia ambiental ni fiscalización de las autoridades del Estado nacional.
La presentación cuenta con el patrocinio letrado de un equipo de abogados especialistas en derecho ambiental y constitucional compuesto por Fabián Maggi, Romina Araguás, Lucas Micheloud, Jerónimo Guerrero Iraola y Laurentina Alonso.
Con este recurso, las organizaciones buscan sentar un precedente judicial que bloquee operativamente los avances corporativos británicos en la cuenca de Malvinas y fuerce la tutela efectiva del patrimonio natural y territorial argentino.
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