El presidente Javier Milei presentó anoche en cadena nacional el proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y convirtió el anuncio en una fuerte crítica al papel de la política en la administración monetaria y fiscal. El jefe de Estado sostuvo que la autoridad monetaria fue utilizada durante 91 años para financiar al Estado y afirmó que esa práctica trasladó el costo de las decisiones de los gobiernos al conjunto de la sociedad.
Según el discurso oficial, la reforma apunta a que la misión del BCRA vuelva a concentrarse en preservar el valor de la moneda y a impedir que la emisión sirva como vía de financiamiento del Tesoro nacional, las provincias y los municipios. El proyecto también establece mayores exigencias para remover al presidente y al directorio, restringe la distribución de resultados y elimina las Letras Intransferibles.
El ataque a la “casta”
Uno de los ejes centrales de la presentación fue el ataque de Milei a la denominada “alta política”. El Presidente definió la emisión destinada a financiar al Estado como una “falsificación de dinero” y presentó a la inflación como el resultado de décadas de decisiones políticas que, según su interpretación, permitieron aumentar los recursos públicos sin una autorización directa del Congreso.
Para reforzar esa acusación, señaló que la inflación acumulada desde la creación del BCRA alcanza 12.819.532.788.614.400.000 por ciento y que desde el inicio del siglo XXI llega a 168.580 por ciento. También apuntó contra Cristina Fernández de Kirchner y Mercedes Marcó del Pont por la creación del Fondo del Bicentenario en 2010.
Milei acusó a la expresidenta y a quien estaba al frente del BCRA de haber “robado” U$S10.000 millones y afirmó que, expresados a valores actuales, esos recursos equivaldrían a U$S15.000 millones. También vinculó ese episodio con la reforma de la Carta Orgánica de 2012, que amplió las facultades del organismo y flexibilizó los límites para la asistencia al Tesoro.
La propuesta busca “blindar” al Banco Central frente a los cambios de la política. Mantiene el sistema de designación de las autoridades, pero establece que la remoción del presidente y de los directores requerirá el respaldo de dos tercios de Diputados y del Senado. Milei sostuvo que las salidas de funcionarios del BCRA estuvieron ligadas a una mayor flexibilidad de la política monetaria para facilitar el financiamiento estatal.
El proyecto establece una prohibición taxativa para que el Banco Central financie al Estado nacional, las provincias y los municipios, y dispone que la entidad no podrá comprar títulos públicos del Tesoro en el mercado primario. También limita la transferencia de utilidades contables y dividendos derivados de variaciones en el precio de activos, que deberán pasar a una reserva técnica no distribuible.
MÁS CAMBIOS
Otro cambio es la eliminación de las Letras Intransferibles, instrumentos entregados por el Tesoro al BCRA a cambio de reservas internacionales y utilizados para afrontar pagos de deuda en moneda extranjera. Para la administración libertaria, esa operatoria forma parte de los mecanismos que permitieron al Estado recurrir al balance de la autoridad monetaria.
La ofensiva contra la política también alcanzó al plano fiscal. Milei presentó el denominado “grillete fiscal”, una regla permanente que impediría aprobar o sostener presupuestos deficitarios (ver aparte).
El Presidente afirmó que la política debería asumir el costo del desequilibrio. Si las cuentas no se ordenan, no cobrarán sus salarios el Presidente, el vicepresidente, senadores, diputados, ministros, secretarios y subsecretarios. Las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, seguro de desempleo, salud, seguridad, defensa y servicio penitenciario quedarían exceptuados.
SISTEMA FINANCIERO
La agenda se completa con dos proyectos para el sistema financiero. El Gobierno plantea una liberalización del mercado de capitales, con nuevas posibilidades de emisión de instrumentos en moneda extranjera, unidades de valor y mecanismos de financiamiento colectivo. Según Milei, el objetivo es reducir la intervención estatal y facilitar que el ahorro privado llegue a empresas y proyectos productivos.
El segundo proyecto apunta al mercado de seguros. Las compañías podrían diseñar y ofrecer productos sin autorización previa del regulador, que concentraría su tarea en controlar la solvencia y proteger a los usuarios frente a posibles fraudes.
Para el Gobierno, las reformas forman parte de una misma arquitectura: el equilibrio fiscal debería reducir la necesidad de emisión; la nueva Carta Orgánica impediría que el Banco Central vuelva a financiar al Estado y un mercado de capitales más profundo permitiría canalizar el ahorro hacia la inversión y ampliar el acceso al crédito.
El mensaje presidencial cerró con el mismo tono que marcó buena parte de la exposición. Milei aseguró que las reformas buscan terminar con 91 años de “saqueo, expropiación, impunidad y decadencia”.
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