Los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) comenzarán a funcionar el próximo 1 de noviembre de 2026 y se perfilan como uno de los cambios de mayor impacto del año para las empresas y el mercado financiero argentino. El nuevo mecanismo, creado por la Ley de Modernización Laboral y reglamentado mediante el Decreto 408/2026, busca generar una fuente de financiamiento para afrontar las indemnizaciones laborales y, al mismo tiempo, podría crear una nueva masa de ahorro institucional.
Las estimaciones privadas citadas en el mercado señalan que, si el sistema logra consolidarse y se mantiene el esquema aprobado por el Congreso y reglamentado por el Ejecutivo, los FAL podrían llegar a superar los US$3.000 millones hacia fines de 2027. El Gobierno había previsto originalmente su puesta en marcha para junio, pero decidió postergarla hasta noviembre con el objetivo de completar la reglamentación y la infraestructura necesaria.
El mecanismo funcionará como una suerte de ahorro obligatorio asociado a cada empleador. Las grandes empresas deberán destinar mensualmente al FAL el equivalente al 1% de su masa salarial, mientras que para las micro, pequeñas y medianas empresas el porcentaje será del 2,5%. En la mayoría de los casos, el aporte no implicará un costo adicional directo para las compañías, ya que los recursos se detraerán de contribuciones patronales que actualmente tienen como destino el sistema previsional.
Cada empleador deberá seleccionar una entidad habilitada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y elegir un fondo común de inversión o fideicomiso financiero autorizado. Luego tendrá que obtener un denominado “ID FAL”, que será informado a la ARCA, organismo encargado de derivar mensualmente los fondos al vehículo elegido. En caso de que la empresa no realice la selección, los aportes quedarán transitoriamente retenidos y posteriormente podrá asignarse una administradora de oficio.
Uno de los puntos centrales del nuevo esquema es que el dinero continuará vinculado al empleador y será administrado e invertido hasta que eventualmente resulte necesario utilizarlo para afrontar una indemnización. El sistema contempla además un período de carencia inicial de seis meses, por lo que los primeros aportes realizados desde noviembre no estarán disponibles de manera inmediata para cubrir eventuales desvinculaciones.
El FAL tampoco elimina la indemnización laboral tradicional ni modifica la responsabilidad del empleador frente al trabajador. En otras palabras, el fondo funcionará como una herramienta de financiamiento para que las empresas puedan afrontar ese desembolso cuando corresponda, pero la obligación de pagar la indemnización continuará recayendo sobre el empleador.
La implementación del sistema también despertó un fuerte interés en bancos, administradoras de fondos y sociedades de Bolsa, que ven en los FAL la posibilidad de acceder a una nueva masa de recursos estables y de largo plazo. Algunas estimaciones privadas calculan que el mecanismo podría incorporar más de US$1.000 millones anuales al mercado de capitales argentino, a medida que se sumen empresas y se acumulen los aportes.
Entre las entidades que ya comenzaron a posicionarse aparecen BBVA Argentina, Santander Argentina, Banco Macro, ICBC Argentina y Banco Nación, a través de Pellegrini. También distintas administradoras y agentes del mercado de capitales preparan productos específicos para captar estos recursos, entre ellas Cohen, Puente Asset Management y Balanz.
La competencia comenzó incluso antes del lanzamiento formal. Algunas entidades ya ofrecen condiciones promocionales para atraer empresas, mientras que la normativa establece límites para las comisiones de administración. En el caso de los fondos, el objetivo de bancos y sociedades de Bolsa es quedarse con una porción de un mercado que podría crecer de manera sostenida durante los próximos años.
El dinero de los FAL, además, no permanecerá inmovilizado. La reglamentación habilita su inversión en distintos instrumentos del mercado argentino, incluyendo deuda del Tesoro Nacional sin un límite porcentual específico. También podrán destinarse hasta un 15% a títulos provinciales, con límites por jurisdicción; hasta un 15% por entidad a depósitos bancarios y hasta un 20% a obligaciones negociables de empresas privadas. A su vez, al menos un 10% deberá permanecer colocado en instrumentos de elevada liquidez y bajo riesgo.
De esta manera, los FAL exceden el objetivo inicial de facilitar el pago de indemnizaciones y se convierten también en una reforma con fuerte impacto financiero. Para las empresas, el sistema apunta a transformar un gasto que puede resultar imprevisible y afectar seriamente el flujo de caja —especialmente en las PyMEs— en un fondo que se acumula de manera gradual.
Para bancos, administradoras y sociedades de Bolsa, en tanto, representa la aparición de una nueva fuente de recursos para administrar y una oportunidad para ampliar el negocio de fondos de inversión. Las empresas con grandes dotaciones de personal aparecen entre las primeras candidatas a utilizar el sistema, mientras que las PyMEs y compañías medianas podrían inclinarse mayoritariamente por fondos colectivos que les permitan acceder a mayor escala y diversificación.
El Tesoro Nacional también aparece como uno de los principales actores potencialmente beneficiados por el nuevo esquema. La posibilidad de que los FAL inviertan sin un límite porcentual específico en deuda nacional abre la puerta a que, con el crecimiento del sistema, los fondos se conviertan en nuevos compradores institucionales de bonos públicos.
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