Las Sociedades Rurales del sudeste de la provincia de Buenos Aires reiteraron su rechazo a la Resolución 201/2026 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que autoriza desde el próximo año a los productores ganaderos a elegir libremente un veterinario privado para vacunar contra la fiebre aftosa y la brucelosis. El pronunciamiento fue difundido luego de que, según indicaron las entidades, el organismo no respondiera formalmente al documento presentado por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), en el que se cuestionaban los alcances de la medida.
En el comunicado, las rurales señalaron que las fundaciones y entes sanitarios "han cumplido con su objetivo originario de controlar y erradicar la aftosa" mediante campañas de vacunación que permitieron alcanzar el actual estatus de la Argentina como "pais libre de fiebre aftosa con vacunación", condición que posibilitó el acceso a distintos mercados internacionales.
Sin embargo, afirmaron que la nueva resolución "atenta contra el cumplimiento de las campañas establecidas por el Senasa", al considerar que la vacunación debe desarrollarse de manera coordinada para garantizar una cobertura uniforme en todos los rodeos. Además, sostuvieron que la medida rompe con el principio de solidaridad entre los productores, ya que hasta el momento todos afrontaban el mismo costo de vacunación sin importar la cantidad de animales.
Las entidades también expresaron su preocupación por el impacto que la resolución tendría sobre el sistema de control sanitario. Según indicaron, la contratación individual de veterinarios privados dificultaría las tareas de auditoría del Senasa, haría más compleja la supervisión de las campañas y podría afectar el control de la cadena de frío de las vacunas, un aspecto que consideraron esencial para garantizar su eficacia.
Otro de los cuestionamientos estuvo vinculado a la incertidumbre económica que, según afirmaron, enfrentarán las fundaciones y entes de vacunación. Explicaron que, al desconocer cuántos productores continuarán utilizando sus servicios y cuántos optarán por veterinarios particulares, no podrán elaborar presupuestos financieros confiables, lo que pondría en riesgo la continuidad de muchas de estas organizaciones.
Las rurales advirtieron que la resolución podría provocar el desmantelamiento de un sistema que, según recordaron, fue determinante para erradicar la fiebre aftosa del país y recuperar el estatus sanitario tras la crisis generada por la suspensión de la vacunación en 1999. "Nos preguntamos: en adelante, quién se hará cargo de garantizar la vacunación de la totalidad de los bovinos?", expresaron en el documento.
Frente a este escenario, las Sociedades Rurales del sudeste bonaerense solicitaron al Senasa que revea la medida y plantearon una serie de propuestas para preservar el funcionamiento del sistema sanitario. Entre ellas, reclamaron que el organismo se ajuste a lo establecido por la Ley 24.305, reconsidere los alcances de la Resolución 368/2011 —que contemplaba la participación de veterinarios privados dentro del esquema organizado por los entes sanitarios— e impulse un sistema de control conjunto entre el Estado y los privados.
Asimismo, pidieron que cualquier modificación futura sea consensuada entre el Senasa, los entes sanitarios y los representantes de los productores para garantizar la continuidad del estatus sanitario del país y fortalecer la lucha contra la fiebre aftosa.
Finalmente, las entidades advirtieron que, si la Resolución 201/2026 entra en vigencia sin modificaciones, deslindarán cualquier responsabilidad ante un eventual fracaso sanitario que pudiera producirse en el futuro.
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