La Justicia avaló el cambio de domicilio de la AFA a la provincia de Buenos Aires y dejó sin efecto la designación de veedores impulsada por la Inspección General de Justicia (IGJ), en un nuevo capítulo de la disputa entre la conducción de la entidad y el organismo nacional de control.
La resolución ratificó la validez del traslado de la sede legal de la Asociación del Fútbol Argentino al partido de Pilar, una decisión que había sido previamente reconocida por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense. De esta manera, la AFA quedó bajo la órbita de control provincial y no de la IGJ.
El fallo también anuló la designación de veedores que el organismo nacional había solicitado para supervisar la documentación administrativa y contable de la entidad presidida por Claudio Tapia. La IGJ había argumentado la existencia de presuntas irregularidades y cuestionado la mudanza de jurisdicción
Desde la AFA sostuvieron que el cambio de domicilio fue realizado conforme a la normativa vigente y denunciaron que el intento de intervención constituía una injerencia sobre la autonomía de la institución. La entidad ya había anticipado que recurriría a la Justicia para frenar la medida.
La decisión judicial representa un respaldo para la conducción de Tapia y para la postura adoptada por el gobierno bonaerense, que había validado el traslado de la sede a territorio provincial en medio de la controversia con el Gobierno nacional.
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