El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comenzó este viernes en los tribunales federales de Comodoro Py, con Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo entre los principales acusados de integrar una presunta organización criminal destinada al lavado de dinero. Durante la primera audiencia, la fiscalía expuso los fundamentos de una investigación que apunta a determinar si las empresas de la familia presidencial fueron utilizadas para incorporar a su patrimonio fondos provenientes de negocios irregulares con el Estado.
La expresidenta participó de manera virtual desde el departamento de San José 1111, en la ciudad de Buenos Aires, donde cumple prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad. Su hijo, diputado nacional, también siguió el debate por videoconferencia, al igual que otros imputados, entre ellos los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián de Sousa y Martín Báez.
Las imágenes de la transmisión oficial mostraron a Cristina Kirchner leyendo documentos mientras escuchaba la acusación. Máximo, por su parte, apareció fumando un cigarrillo. Lázaro Báez se conectó desde el penal de Ezeiza, después de superar algunos inconvenientes técnicos.
El Tribunal Oral Federal 5, integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, estuvo a cargo de la audiencia, que comenzó pasadas las 10 y se extendió hasta alrededor de las 13, con un cuarto intermedio.
El abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, estuvo presente en la sala, mientras que el excontador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, fue uno de los pocos imputados que asistieron personalmente.
Una estructura para blanquear fondos
Durante la lectura del requerimiento de elevación a juicio, elaborado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, se describió una presunta estructura delictiva que habría funcionado durante más de doce años, con una distribución de responsabilidades entre funcionarios públicos, empresarios y miembros de la familia Kirchner.
Según la acusación, el mecanismo tenía como objetivo sustraer fondos del Estado y posteriormente incorporarlos al patrimonio privado de los expresidentes y sus hijos mediante operaciones comerciales que aparentaban ser legítimas.
La fiscalía sostiene que el dinero ingresaba principalmente a través de dos grupos empresarios: el de Lázaro Báez, beneficiario de contratos de obra pública en Santa Cruz, y el Grupo Indalo, vinculado a Cristóbal López y Fabián de Sousa.
En ese esquema, Cristina Kirchner está acusada de haber actuado como jefa de una asociación ilícita, mientras que a Máximo se le atribuye el papel de organizador. Se trata de imputaciones que deberán ser examinadas durante el juicio y sobre las cuales todavía no existe una sentencia.
Los alquileres bajo sospecha
Uno de los ejes centrales de la investigación es el funcionamiento de Los Sauces S.A., una sociedad inmobiliaria constituida en noviembre de 2006 en Río Gallegos, con un capital inicial de 100.000 pesos.
La empresa pertenecía originalmente a Néstor Kirchner, con el 45 por ciento de las acciones; Cristina Fernández, con otro 45 por ciento; y Máximo Kirchner, con el 10 por ciento restante.
Según el requerimiento fiscal, la compañía no funcionaba como una inmobiliaria convencional: carecía de empleados, no tenía una sede comercial efectiva y concentraba el 88 por ciento de su facturación en empresas vinculadas a Báez y al Grupo Indalo.
Entre enero de 2009 y marzo de 2016, los alquileres de inmuebles, terrenos y complejos hoteleros permitieron facturar 25.968.042 pesos, de acuerdo con los investigadores.
De ese total, unos 6,8 millones provinieron directamente de empresas de Báez, mientras que más de 18,5 millones fueron aportados por sociedades relacionadas con López y De Sousa. Otros pagos se canalizaron mediante firmas vinculadas a los mismos grupos.
Para los fiscales, esos contratos funcionaron como una cobertura comercial para justificar transferencias de dinero cuyo origen consideran ilícito.
La acusación también señala que el patrimonio neto de Los Sauces creció más de un 12.000 por ciento, desde los 100.000 pesos iniciales hasta superar los 12 millones.
El papel de Cristina y Máximo
El Ministerio Público Fiscal atribuye a la expresidenta haber participado en las decisiones societarias que permitieron desarrollar las presuntas maniobras de lavado.
Entre otras acciones, sostiene que aprobó balances, avaló adquisiciones inmobiliarias, ratificó vínculos comerciales con los empresarios investigados y participó en la designación de autoridades de la sociedad.
En cuanto a Máximo Kirchner, los fiscales le adjudican una intervención directa en la administración de Los Sauces, incluyendo la firma de contratos de alquiler, la coordinación de movimientos bancarios y la aprobación de operaciones comerciales.
Según el requerimiento, ambos se habrían beneficiado con retiros de fondos de las cuentas societarias que, en conjunto, superaron los 10 millones de pesos, además del uso particular de inmuebles pertenecientes a la compañía.
La acusación menciona, entre esas propiedades, una residencia de Río Gallegos y el departamento de San José 1111, en Buenos Aires.
La conexión con Hotesur
La otra investigación que integra el juicio está vinculada con la actividad hotelera de la familia Kirchner.
En Hotesur se investiga si empresas de Lázaro Báez realizaron reservas de habitaciones en los hoteles Alto Calafate y Las Dunas que posteriormente no eran utilizadas, como parte de un supuesto mecanismo para transferir fondos a los Kirchner.
De acuerdo con los investigadores, mediante esas operaciones la familia habría recibido más de 28 millones de pesos entre 2008 y 2015.
En el caso de Los Sauces, la fiscalía también vincula los pagos de Báez con las irregularidades en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz, hechos por los que Cristina Kirchner y el empresario ya fueron condenados en la causa Vialidad.
Respecto de Cristóbal López y Fabián de Sousa, la acusación relaciona los fondos con presuntos beneficios impositivos y con el caso Oil Combustibles, por la retención de aproximadamente 8.000 millones de pesos correspondientes al impuesto a los combustibles.
Ambos empresarios fueron absueltos en ese expediente, aunque esa decisión se encuentra bajo revisión de la Corte Suprema. El extitular de la AFIP Ricardo Echegaray, en cambio, fue condenado.
Cómo seguirá el juicio
El comienzo del debate estuvo atravesado por una discusión procesal relacionada con la reciente decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de unificar las causas Hotesur y Los Sauces.
La resolución se conoció apenas tres días antes de la primera audiencia, cuando inicialmente estaba previsto que comenzara únicamente el juicio por Los Sauces.
Las defensas reclamaron que se respetara el plazo de diez días hábiles contemplado por el Código Procesal Penal para preparar el debate correspondiente a Hotesur.
Frente a ese planteo, el tribunal resolvió mantener el inicio del juicio y avanzar con la lectura de la acusación de Los Sauces durante ese período, antes de incorporar la exposición de los hechos investigados en Hotesur.
La decisión también modificó el cronograma original, que contemplaba tres audiencias semanales. Por el momento, el proceso continuará con dos encuentros por semana.
La próxima audiencia se realizará el lunes, cuando proseguirá la lectura de los requerimientos acusatorios. El juicio reúne a 33 imputados y buscará determinar si los vínculos comerciales entre la familia Kirchner y los empresarios investigados constituyeron operaciones legítimas o formaron parte de un sistema organizado de lavado de activos.
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