En medio de un clima caliente fogoneado por la interna del peronismo, el Concejo Deliberante de Morón interpelará hoy al intendente Lucas Ghi para que brinde explicaciones sobre el escándalo protagonizado por la funcionaria narco Luna Suyai Ortigoza, quien permanece prófuga de la justicia luego del hallazgo de más de medio kilo de cocaína en su casa de la localidad de Castelar.
La concurrencia del jefe comunal al Concejo se producirá en medio de la pelea que se registra entre el sector de Axel Kicillof y el kirchnerismo. Ghi está alineado al proyecto político del Gobernador y esa decisión significó la ruptura con su socio político y antecesor, el ultra K Martín Sabbatella.
Esa disputa no sólo impactó en el cuerpo legislativo donde los bloques de Fuerza Patria se dividieron, sino que además el Intendente terminó por desplazar de su gabinete a los funcionarios que reportaban a Sabbatella.
Cuando estalló el escándalo que envuelve a la funcionaria municipal que ejercía como directora de Políticas de Género y Diversidad, concejales de La Libertad Avanza pidieron la interpelación del Intendente. El dato político fuerte es que a ese planteo se sumaron los concejales ligados a Sabbatella, el PRO y otros bloques minoritarios.
La decisión del sabbatellismo de acompañar la interpelación generó un nuevo cimbronazo en el peronismo. En las últimas horas, el sector La Patria es el Otro ligado al ministro bonaerense Andrés “Cuervo” Larroque salió a afirmar que Sabbatella votó “junto a la derecha”.
“No vamos a permitir que se intente cambiar en un escritorio lo que no pudieron conseguir en las urnas”, advirtió.
Pese al pedido del Concejo, el intendente no está obligado a concurrir. Por eso se especula con que podría ir en su lugar el secretario de Seguridad, Damián Cardoso.
El oficialismo se defiende al sostener que, apenas conocido el caso, la funcionaria fue desplazada.
Pero la oposición apunta a que ya van dos casos que en poco tiempo involucraron a funcionarios de Ghi. Además del de Ortigoza aparece el de Karen Cufré, detenida por orden de la justicia federal acusada de integrar una banda de extorsionadores que derivó en el suicidio del soldado Rodrigo Gómez en la Quinta Presidencial de Olivos.
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