En un inusual giro, la causa por la compra de la lujosa propiedad en Pilar, atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, volvió a quedar en manos de la Cámara Federal de Casación, que aceptó tratar un recurso presentado por Luciano Pantano y Ana Lucía Conte. Madre e hijo aparecen como titulares formales del inmueble, pero se sospecha que actuaron como testaferros del segundo de Claudio “Chiqui” Tapia en la AFA.
Con esta decisión, la Cámara revisará nuevamente el caso y tendrá que definir cuál es el tribunal que debe investigar las denuncias de presunto fraude y lavado de dinero por las que se apunta a Toviggino y Tapia. El expediente -en el que ya intervinieron más de una docena de magistrados en poco más de siete meses, sin ningún indagado ni avances concretos- queda otra vez en suspenso con respecto a su radicación.
La discusión por la competencia vuelve a paralizar el caso contra Toviggino
La orden para abrir el recurso y analizar el caso fue de los jueces de la Cámara Federal de Casación Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, con la disidencia de Alejandro Slokar. Barroetaveña tuvo cierto vínculo con la AFA hasta diciembre del año pasado, cuando renunció a la presidencial del Tribunal de Ética de la entidad rectora del fútbol argentino.
La audiencia para escuchar los argumentos de las partes y analizar la causa quedó fechada para el 12 de agosto, después de las vacaciones de invierno, a las 11.30. Ese día expondrán la defensa de Pantano y Conte, y el fiscal general ante Casación, Mario Villar. El origen de la controversia está en el fallo dictado hace un mes por la Cámara en lo Penal Económico, que había resuelto que la causa continúe bajo la órbita del juzgado 10 de ese fuero, actualmente conducido por Verónica Straccia. Contra esa resolución apelaron los acusados, que insisten en que el expediente regrese al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
SIETE MESES Y POCOS AVANCES
La discusión sobre la competencia no es nueva y acompaña al expediente desde su apertura, en diciembre del año pasado. Lo que se investiga es la adquisición de un predio de 105 mil metros cuadrados que cuenta con helipuerto, pista ecuestre y un galpón en el que se hallaron 54 vehículos de alta gama y de colección. La mansión, valuada en US$25 millones figura a nombre de Real Central SA, una firma controlada por Pantano y Conte, aunque ninguno de los dos habría declarado ingresos compatibles con una compra de tal magnitud. En esa propiedad, trascendió después, el juez de la Cámara de Casación, Carlos Mahiques (padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques) habría festejado su cumpleaños número 74 a fines del año pasado.
El primero en tener el caso fue el juez Daniel Rafecas, quien ordenó un allanamiento en el que se secuestró un bolso con el nombre de Toviggino, una placa del club Barracas Central entregada en agradecimiento y comprobó que los 54 autos hallados en el predio tenían cédulas a nombre de familiares del tesorero de la AFA.
Después, la investigación pasó a manos de Marcelo Aguinsky, juez del fuero Penal Económico, quien avanzó sobre la hipótesis de que la compra se habría financiado con fondos de la propia Asociación. Según pudo probar, Pantano disponía de una tarjeta corporativa de la entidad con la que afrontaba gastos mensuales por 50 millones de pesos, entre ellos el pago de los Telepase de los vehículos.
El expediente ya pasó por las manos de más de una docena de magistrados
Ante ese escenario, la defensa de los acusados logró que la Cámara Federal de San Martín, a través del juez Alberto Lugones, ordenara el traslado de la causa a la Justicia Federal de Campana, con jurisdicción sobre Pilar. Sin embargo, esa decisión fue rechazada por los fiscales intervinientes, que apelaron para que Casación se pronunciara. El tribunal determinó entonces que la definición correspondía originalmente a la Cámara Penal Económico y no a la de San Martín, por lo que los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio resolvieron que el expediente volviera a ese fuero.
Esa resolución es la que ahora los acusados buscan revertir, insistiendo en que el caso quede en manos de la Justicia Federal de Campana.
Mientras se define esta nueva instancia, el Gobierno de Javier Milei tiene en sus manos la posibilidad de cubrir la vacante en el juzgado 10 en lo Penal Económico, donde hoy está la causa.
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