La muerte de Guillermo Alfredo Bellingi, ocurrida el lunes en La Plata, desencadenó una investigación que por estas horas genera un fuerte impacto en los tribunales. Bellingi, reconocido docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, fue funcionario judicial y se encontraba imputado en una sonada causa de corrupciónatribuida al kirchnerismo.
Según pudo precisar EL DIA de fuentes judiciales, el hombre, de 55 años, fue hallado sin vida en la zona de 8 entre 406 y 407, en Villa Elisa. Aunque la causa está caratulada preventivamente como “averiguación de causales de muerte”, con el correr de las horas cobró fuerza la hipótesis de un suicidio.
Junto al cuerpo se encontró una mochila y un cuchillo tipo asador. Lo que concentró la atención de los peritos es que la herida mortal está ubicada a la altura del corazón y se presume autoinfligida. Mientras los investigadores buscan determinar el trasfondo de la decisión, en los tribunales comenzaron a surgir datos clave sobre su contexto personal y judicial.
Bellingi debía sentarse en el banquillo de los acusados dentro de apenas 20 días. Se lo juzgaría por la escandalosa compra realizada en 2013 de un inmueble en la calle porteña Perón al 600 —conocido como el Petit Hotel— destinado a la sede de la Procuración General de la Nación, una operación concretada por $43.850.000.
El docente se había desempeñado como subdirector general de la Procuración durante la gestión de Alejandra Gils Carbó y figuraba entre los principales procesados por presuntas irregularidades en la adquisición del edificio. De allí que su trágico final causara una profunda conmoción en el ámbito de la Justicia.
Respecto de la maniobra inmobiliaria, la acusación sostiene que en la licitación intervino su medio hermano, Juan Carlos Thill, quien habría percibido una comisión de $3 millones (unos 500 mil dólares a la cotización de la época) por un supuesto “asesoramiento” a la inmobiliaria que intermedió con Arfinsa, la firma que vendió el inmueble al Estado.
Respecto de los contratos, los mismos fueron firmados previo a que la licitación tomara estado público con el nombre del ganador. En tal sentido, para la Justicia fue Bellingi quien hizo el aporte de información a los ganadores.
Y, en consecuencia, el juez federal Julián Ercolini fue quien se encargó de la instrucción de la causa, enviando a un juicio oral a Bellingi y a Gils Carbó.
La hipótesis policial
Si bien será la autopsia la que brindará mayores precisiones, para la policía la sospecha es que se trataría de un suicidio debido a que la herida se produjo en el lado izquierdo de la parte inferior del tórax. Además, el cuerpo no tenía más lesiones ni signos de defensa.
Mientras la investigación seguía su curso, Bellingi fue separado del cargo por un sumario señalado por Gils Carbó.
Luego, cuando Gils Carbó aún estaba en funciones en 2017, el ex funcionario solicitó retomar su trabajo con el fin de cobrar su sueldo y, si bien ella lo reintegró, lo hizo a la biblioteca de la institución y no a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), donde trabajaba.
En este contexto, el fiscal Eduardo Taiano, al solicitar su indagatoria, Bellingi sostuvo que “ocupó un lugar decisivo” en lo que fue el trámite de la licitación observada y agregó que el funcionario había sido nombrado en el cargo dentro de la Procuración poco tiempo después de la asunción de Gils Carbó.
El juicio donde iba a declarar Bellingi como imputado será en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 8 (TOF 8).
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