La Justicia Federal recibió una denuncia penal para investigar un presunto esquema de irregularidades en la implementación del plan de retiros voluntarios del Ministerio de Justicia durante 2024 y 2025. La presentación también solicita determinar si ese mismo mecanismo fue posteriormente replicado en el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), donde actualmente se desempeñan exfuncionarios de esa cartera.
La denuncia fue presentada por el periodista e investigador Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, quien además pidió ser aceptado como querellante en la causa. El escrito involucra a la exjefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y actual síndica general del PAMI, María Florencia Zicavo; al exsubsecretario de Gestión Administrativa y actual coordinador ejecutivo del organismo, Juan Cruz Montero; al abogado Danilo Sergio Montevidoni; a Emilio Zicavo y a otras personas que pudieran surgir durante la investigación. (La
Entre los delitos que el denunciante pide investigar figuran negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación contra la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito e inconsistencias patrimoniales. No obstante, la presentación aclara expresamente que se trata de hipótesis que deberán ser investigadas y que no implican una atribución definitiva de responsabilidad penal.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al procedimiento utilizado para desvincular al personal contratado mediante el ente cooperador ACARA. Según la denuncia, aunque la normativa establecía que los retiros debían formalizarse mediante escritura pública ante escribano, en la práctica se habrían realizado homologaciones masivas en el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), lo que habría generado el cobro de honorarios profesionales no previstos en la reglamentación oficial. Además, se sostiene que numerosos trabajadores habrían sido representados por un mismo abogado, sin haberlo elegido libremente.
El escrito también menciona presuntos vínculos societarios entre algunos de los involucrados, cuestiona la falta de respuesta oficial a pedidos de acceso a la información pública sobre el plan de retiros y solicita investigar supuestas inconsistencias patrimoniales, además del uso de un vehículo registrado a nombre de una empresa contratista del Estado.
Otro de los ejes de la denuncia es determinar si, tras el paso de varios exfuncionarios del Ministerio de Justicia al PAMI, el mismo modelo administrativo utilizado para los retiros voluntarios fue trasladado al organismo que brinda cobertura médica a jubilados y pensionados.
Como parte de las medidas solicitadas, el denunciante pidió que se requiera documentación a distintos organismos públicos, se tomen declaraciones testimoniales y se dé intervención a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para analizar la legalidad de las actuaciones.
Desde el Gobierno nacional rechazaron la denuncia y que todos los procesos de retiro voluntario se desarrollaron conforme a la normativa vigente y negaron de manera categórica la existencia de irregularidades.
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