El Gobierno nacional rechazó hoy las críticas del Gran Bretaña al arbitraje internacional impulsado por la Argentina por la explotación de hidrocarburos en el área de las Islas Malvinas y sostuvo que recurrir a un tribunal internacional constituye un mecanismo legítimo y pacífico para resolver controversias.
A través de un comunicado oficial, la Cancillería cuestionó que Londres caracterizara el recurso argentino al arbitraje, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), "como un intento de socavar” derechos".
“Nada más alejado de la realidad”, afirmó el Palacio San Martín, y agregó que someter una controversia a un tribunal internacional imparcial “es el acto más responsable que puede realizar un Estado”.
El pronunciamiento se produjo luego de que Gran Bretaña objetara la decisión argentina de iniciar un procedimiento de arbitraje para intentar impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, particularmente a través del proyecto Sea Lion. El Gobierno había instruido el 28 de septiembre a la Cancillería y a sus equipos jurídicos a avanzar por esa vía.
En su respuesta, la Argentina remarcó que "tanto el país como el Reino Unido son Estados parte de la CONVEMAR" y que, "al ratificarla, aceptaron los mecanismos previstos para la solución de controversias".
“El recurso argentino al arbitraje no busca ‘socavar’ los derechos de nadie, sino preservar los legítimos derechos del pueblo argentino sobre sus recursos naturales”, sostuvo Cancillería.
El texto también respondió a declaraciones de la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, quien defendió las actividades hidrocarburíferas británicas en el área. La Argentina afirmó que si Londres considera que esas actividades se ajustan al derecho internacional podrá "defender su posición" ante los árbitros independientes que intervengan en el procedimiento.
Además, Cancillería recordó que la comunidad internacional reconoce desde hace décadas la existencia de una disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. En ese sentido, citó la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que instó a la Argentina y a Gran Bretaña a avanzar en negociaciones para encontrar una solución pacífica a la controversia.
También sostuvo que la exploración y explotación unilateral de recursos naturales en el área en disputa constituye una modificación unilateral de la situación, algo que la Argentina viene objetando por canales diplomáticos.
El Gobierno rechazó además la utilización británica del principio de libre determinación de los pueblos para el caso de los habitantes de las islas y señaló que ese criterio no ha sido aplicado por las Naciones Unidas a la cuestión Malvinas. “La República Argentina reafirma su permanente disposición a reanudar las negociaciones bilaterales sobre la Cuestión de las Islas Malvinas”, concluyó Cancillería, que sostuvo que continuará defendiendo sus derechos mediante “el diálogo, la diplomacia y el derecho internacional”.
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