La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, dejó sin efecto formalmente su sentencia contra la Argentina y dio por cerrada la etapa de primera instancia en el juicio por la estatización de YPF.
La resolución acata el fallo de la Cámara de Apelaciones que revocó la condena millonaria y traslada la definición final a la Corte Suprema estadounidense, que deberá determinar si acepta tratar la apelación del fondo Burford Capital.
La magistrada puso fin a su intervención en la causa tramitada en Nueva York por la estatización de la petrolera en 2012 durante la gestión de Cristina Kirchner. Con esta orden, Preska dejó sin efecto el fallo emitido en 2023 que obligaba a la Argentina a pagar 16.100 millones de dólares, monto que con intereses superaba los 18 mil millones de dólares.
La decisión judicial acata el pronunciamiento dictado en marzo por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, donde los jueces Denny Chin y Beth Robinson, con la disidencia de José Cabranes, anularon la sentencia de primera instancia al concluir que se había interpretado de forma errónea la ley argentina.
El tribunal de alzada resolvió que la legislación de expropiación argentina impide demandas de terceros que interfieran con el proceso expropiatorio, señalando además que el estatuto de YPF no constituye un contrato bilateral entre accionistas que habilite reclamos por daños. La instancia de apelación ordinaria quedó agotada luego de que el pleno del tribunal rechazara un pedido de revisión en junio.
El fondo de litigios Burford Capital, financista de la demanda interpuesta originalmente por los exaccionistas Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park, presentó a principios de octubre un recurso de certiorari ante la Corte Suprema de Estados Unidos. En su presentación, el demandante calificó la decisión de la Cámara como "gravemente errónea, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes".
Sin embargo, la admisión del caso no es obligatoria para el máximo tribunal estadounidense. La Corte recibe entre 7.000 y 8.000 peticiones anuales y suele conceder la revisión de aproximadamente 80 expedientes, sin plazos fijados para expedirse.
Al mismo tiempo, Burford abrió de manera paralela un reclamo arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial, en representación de las sociedades Petersen.
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