El futuro de las 149 viviendas del ex Procrear volvió a quedar en discusión en Junín luego de que la subasta convocada por el Estado nacional quedara desierta. La ausencia de oferentes reabrió el debate sobre el destino de un predio que había sido proyectado para atender parte de la demanda habitacional de la ciudad y que ahora enfrenta una nueva etapa de incertidumbre.
El inmueble donde se encuentran las viviendas tiene una superficie de 21.347,46 metros cuadrados y comprende construcciones correspondientes a un desarrollo urbanístico ejecutado parcialmente, con un avance físico estimado en torno al 70 por ciento. La subasta había establecido una base de US$ 7.061.772,57.
La convocatoria fue autorizada por la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía mediante la Resolución 133/2026 y se realizó a través de la plataforma oficial COMPR.AR, bajo el expediente 504-0002-SPU26. El predio está delimitado por las calles Intendente Juan A. Borchex, San José Obrero, Capitán Vargas y Pedro Aparicio, en un sector consolidado de la ciudad, con acceso a servicios urbanos y conexión con la avenida de Circunvalación y la Ruta Nacional 7.
El proyecto incluye 149 viviendas, entre dúplex y otras tipologías, distribuidas en cuatro manzanas y 76 parcelas. Sin embargo, el 21 de agosto, fecha prevista para la presentación de ofertas y la apertura electrónica, no se registraron propuestas. De esta manera, la subasta quedó desierta y el Gobierno nacional mantiene la propiedad del inmueble, que originalmente había pertenecido al Municipio.
A partir de este resultado, una de las alternativas administrativas es realizar un nuevo llamado con una base menor. El Gobierno nacional podría revisar el valor de salida y volver a ofrecer el predio al sector privado con condiciones diferentes. Esa posibilidad, sin embargo, también plantea un nuevo debate en Junín, ya que implicaría volver a poner en el mercado un complejo de 149 viviendas inconclusas.
Daniel Di Palma, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Junín, analizó el resultado del proceso: “Se dispuso la venta mediante subasta pública de aquellos inmuebles y desarrollos paralizados con el objeto de preservar el patrimonio público. Sin embargo, vencido el plazo, no se logró obtener ninguna oferta”.
Según Di Palma, uno de los principales obstáculos estaría relacionado con el valor establecido para la operación: “Para que sea factible una operatoria de estos bienes, debería haber un ajuste de base a valores reales de mercado. Definitivamente hay que recotizarlo”.
El titular del Colegio de Martilleros sostuvo que para determinar un nuevo valor deberían intervenir nuevamente los profesionales del Departamento Judicial Junín, que conocen el mercado inmobiliario local. Además, planteó que, si Nación mantiene la decisión de vender, el objetivo debería ser facilitar el acceso a las viviendas: “si el Gobierno nacional insiste con la enajenación, el objetivo debe ser que las unidades puedan volcarse a la oferta con créditos hipotecarios u otras líneas bancarias para atender el déficit habitacional”.
El caso también volvió a ser comparado con el paso bajo nivel de la calle Rivadavia, otra obra nacional de gran escala que permaneció paralizada durante casi dos años antes de ser reactivada. El contrato original de esa obra había sido adjudicado entre fines de 2020 y comienzos de 2021 por $943.524.444, equivalentes en ese momento a unos US$ 5,8 millones al tipo de cambio oficial. Con posteriores redeterminaciones, ampliaciones y costos para completar los trabajos, las estimaciones oficiales ubicaron el valor total entre US$ 7 millones y US$ 8 millones.
La comparación permite dimensionar el volumen económico de las viviendas. Mientras la subasta del predio partió de una base de US$ 7,06 millones, completar un complejo de esta magnitud también requeriría una inversión que difícilmente pueda ser afrontada únicamente por el Municipio sin asistencia de otros niveles del Estado.
En el caso del paso bajo nivel, el Municipio había sostenido que no contaba con capacidad presupuestaria para asumir una obra nacional de esas características. Ahora, la situación se repite en torno al complejo habitacional: el gobierno local puede gestionar, reclamar o negociar alternativas, pero completar las 149 unidades supone una inversión que excede las posibilidades de una obra municipal convencional.
Además del aspecto económico, el paso del tiempo constituye otro factor en el futuro de las viviendas. Las estructuras llevan años paralizadas y el abandono puede incrementar las dificultades para recuperar un proyecto que fue pensado originalmente como una política habitacional. Durante ese período, familias que habían seguido el avance de las obras mantenían la expectativa de acceder a una vivienda.
Con la transformación del complejo en un activo sujeto a liquidación, aquel objetivo inicial quedó desplazado. La subasta desierta vuelve a abrir la discusión sobre si ese destino puede ser revisado y qué alternativa permitiría completar las viviendas.
Desde la oposición parlamentaria, el senador provincial del PRO, Pablo Petrecca, había señalado en una entrevista realizada en julio que “el Municipio analizó la posibilidad de adquirir el predio de Procrear para evitar el remate”, aunque advirtió que “la opción resultó inviable por los altísimos costos financieros”. También sostuvo: “Es fácil hablar; hablar lo hace cualquiera. Me encantaría que los que mandan gacetillas también hagan un poco de gestiones ante la Provincia”.
La senadora provincial Valeria Arata (Fuerza Patria) manifestó su rechazo a la subasta impulsada por el Ejecutivo nacional y la definió como “un golpe al sueño de la casa propia de cientos de familias y una pérdida patrimonial para todos los juninenses”.
“Lo que ocurre es gravísimo. Esas tierras fueron donadas originalmente por la Municipalidad durante la gestión de Mario Meoni con el objetivo de construir viviendas sociales. Es indignante que Junín entregue terrenos y que, años después, terminen siendo rematados al mejor postor. Con la subasta desierta, se debe frenar la venta e iniciar una negociación con Nación para terminar las casas y adjudicarlas”, enfatizó la legisladora.
En tanto, la concejal Orlanda D´Andrea (UCR) consideró que “el resultado fallido del remate abre una nueva oportunidad que no se puede desaprovechar ante la evidente necesidad habitacional de los vecinos”. Para la edil radical, “el Municipio debe tomar la iniciativa, gestionar activamente ante Nación y Provincia y buscar una alternativa concreta para completar las 149 unidades con destino social, en lugar de dejar que el proyecto se pierda”.
Por su parte, la concejal Belén Veronelli (Libertad y Justicia) propuso una alternativa para avanzar con la terminación del complejo sin generar un déficit fiscal inasumible: “Si Nación decidió no financiar el tramo final, la respuesta no puede ser el abandono. Se puede entregar el complejo a las familias que ya habían sido beneficiadas en los sorteos previos. Los propios adjudicatarios podrían asumir el costo de la terminación del porcentaje restante, descontando luego esa inversión del monto total de las cuotas o del crédito a pagar”.
Desde una posición contraria, el concejal Leo Juliá (La Libertad Avanza) respaldó la decisión del Gobierno nacional de avanzar con la subasta y sostuvo que el Estado no debería administrar ni construir viviendas. “El Estado no debe hacerse cargo de administrar ni construir viviendas, porque lamentablemente la historia reciente de la obra pública en Argentina demuestra que siempre genera riesgos de corrupción. La determinación de sacarlas a subasta pública es la correcta”, argumentó.
Sobre la ausencia de compradores, Juliá consideró que el problema estuvo en el valor inicial de la convocatoria: “Es natural en un proceso licitatorio. Al ser la primera subasta, la base resultaba elevada para los inversores. Seguramente el proceso legal continuará con segundas o terceras instancias donde la base se ajustará a valores más accesibles para que el mercado intervenga”.
Así, el futuro de las 149 viviendas de Junín quedó nuevamente abierto. Una nueva subasta con una base menor, una eventual negociación entre los distintos niveles del Estado o una alternativa que permita completar las unidades son algunas de las posibilidades que quedaron planteadas después del primer llamado sin oferentes. El punto central sigue siendo determinar quién asumirá el costo de finalizar un proyecto que comenzó como parte de una política habitacional nacional y que hoy forma parte de un proceso de liquidación de activos estatales.
SUSCRIBITE a esta promo especial