La AFA enfrenta una nueva disputa judicial por la causa que investiga la mansión de Pilar, mientras sus abogados mantienen una estrategia de planteos de incompetencia que ya impactó en distintos expedientes. La maniobra, bautizada en Tribunales como el “plan calesita”, permitió demorar el avance de varias investigaciones vinculadas con la conducción de la entidad.
El próximo miércoles 12 de agosto, la Cámara Federal de Casación Penal realizará una audiencia para volver a discutir qué fuero debe investigar el expediente por la propiedad valuada en unos 20 millones de dólares. Los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar deberán definir si la causa permanece en el fuero Penal Económico o regresa al juzgado federal de Campana.
La mansión figura formalmente a nombre de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, señalados como presuntos testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. El expediente ya pasó por cuatro juzgados: los de Daniel Rafecas, Marcelo Aguinsky, Adrián González Charvay y actualmente Verónica Straccia, del fuero Penal Económico.
Straccia delegó la investigación en el fiscal Claudio Navas Rial, quien también interviene en la causa por evasión en la que fueron procesados Claudio “Chiqui” Tapia y Toviggino. El fiscal retomó algunas medidas de prueba que habían quedado demoradas durante los cambios de juez, aunque en Tribunales consideran que el expediente permanece prácticamente paralizado a la espera de la decisión de Casación.
La discusión sobre la competencia volvió a activarse después de un recurso presentado por los abogados de Pantano. Borinsky y Barroetaveña habían respaldado el planteo, que ahora deberá ser resuelto por la Sala de Casación. La eventual devolución del expediente a Campana genera cuestionamientos porque ese juzgado ya había intervenido en otras causas relacionadas con la AFA.
El juzgado federal de Campana también intentó concentrar distintos expedientes contra la asociación, aunque no pudo incorporar una investigación que tramita ante la jueza Paula Petazzi y la fiscal Silvana Russi. En ese expediente se encuentran pruebas recibidas desde Estados Unidos, entre ellas más de 3.000 páginas relacionadas con transferencias de la empresa TourProdEnter.
La disputa por la competencia se repite en otra causa iniciada en Santiago del Estero. Allí, el fiscal Pedro Simón había solicitado medidas contra Tapia y Toviggino por presunta asociación ilícita y lavado de dinero.
El juez Diego Amarante rechazó recientemente un planteo de González Charvay y sostuvo que es una “ficción” ubicar la sede de la AFA en Pilar para justificar la competencia del juzgado federal de Campana.
Mientras los expedientes locales avanzan con dificultades, la conducción de la AFA mantiene especial atención sobre una investigación reservada que tramita en Miami. El Departamento de Justicia de Estados Unidos busca determinar si pudieron cometerse delitos bajo jurisdicción estadounidense, entre ellos un presunto esquema de lavado de activos y desvío de fondos mediante contratos irregulares y facturación apócrifa.
La pesquisa estadounidense tiene como eje a TourProdEnter, empresa de Javier Faroni y Erica Gillette constituida en Estados Unidos en 2021. Cuatro meses después de su creación, la compañía firmó un contrato con la AFA y, según la investigación, administró al menos 300 millones de dólares provenientes de patrocinios, amistosos y premios deportivos. El acuerdo fue prorrogado por Tapia hasta diciembre de 2030.
El escenario judicial se cruza además con la tensión política entre la AFA y el Gobierno. Javier Milei volvió a cuestionar públicamente a la conducción de la entidad y mencionó la existencia de causas judiciales en Argentina y en el exterior, mientras Tapia rompió su silencio y denunció supuestas “operaciones” durante el Mundial. En paralelo, generó controversia la postulación del fiscal Agustín Rubiero, exintegrante del Tribunal de Disciplina de la AFA, para ocupar un lugar en la estratégica Sala D de la Cámara Civil.
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