La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó a la Justicia que volverá a pagarle a Cristina Fernández de Kirchner la pensión correspondiente a su condición de ex presidenta de la Nación, en cumplimiento de una medida cautelar dictada en el marco de la disputa judicial por el beneficio.
Según el escrito presentado ante el juzgado, el haber mensual bruto ascenderá a 15.683.154,06 pesos a partir del 1 de agosto. Sobre ese monto se aplicarán los descuentos de ley correspondientes, como obra social e impuesto a las ganancias, en caso de que corresponda.
La decisión se produce mientras la ex mandataria cumple prisión domiciliaria en su vivienda de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat, tras quedar firme su condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa Vialidad.
Los descuentos
Pese a acatar la orden judicial, el Gobierno nacional mantuvo su postura de rechazo al pago de la pensión de privilegio. Desde la Casa Rosada sostienen que Cristina Kirchner, al contar con una condena firme por corrupción ratificada por la Corte Suprema, no debería acceder a este tipo de asignaciones.
En ese contexto, ANSES resolvió aplicar una serie de descuentos sobre el haber. En primer lugar, continuará vigente una quita equivalente al 20% del monto mensual, destinada al recupero de fondos que el organismo considera percibidos de manera indebida.
Además, el organismo previsional descontará mensualmente 3.136.630,81 pesos hasta alcanzar la suma total de 660.052.338,87 pesos, cifra que, según la interpretación oficial, corresponde a montos cobrados irregularmente durante años.
Otra de las decisiones adoptadas fue excluir el adicional por zona austral. El argumento es que la ex presidenta cumple actualmente su condena en la Ciudad de Buenos Aires y no en una provincia patagónica, por lo que ANSES entiende que no corresponde abonar ese plus.
La disputa judicial sigue en la Corte
El Ministerio de Capital Humano, del que depende ANSES, presentó en mayo un recurso de queja ante la Corte Suprema y ratificó que agotará todas las instancias judiciales para impedir que la ex mandataria perciba el beneficio.
Desde el organismo sostienen que existen fundamentos legales para negar la pensión y remarcan que resulta incompatible que una persona condenada por delitos contra la administración pública acceda a un régimen previsional de carácter excepcional.
La controversia se originó en noviembre de 2024, cuando el Gobierno de Javier Milei resolvió dar de baja la pensión de privilegio de Cristina Kirchner tras la confirmación de su condena en la causa Vialidad. En ese momento, el monto total del beneficio superaba los 21 millones de pesos mensuales.
Desde entonces, la ex presidenta inició una batalla judicial para recuperar la asignación prevista en la ley 24.018, que define estas pensiones como beneficios extraordinarios otorgados en reconocimiento al honor, mérito y desempeño en el ejercicio de determinadas funciones públicas.
Según trascendió, desde que se le retiró la pensión de privilegio a fines de 2024, Cristina Kirchner podría haber accedido a una jubilación mínima del sistema general, aunque ese trámite nunca fue iniciado.
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