Javier Milei volvió a convertir su enfrentamiento con el periodismo en uno de los ejes de su comunicación pública. El último martes, durante buena parte de su jornada, el Presidente publicó y compartió en redes sociales mensajes agresivos contra periodistas y medios, algunos de ellos con expresiones que difícilmente puedan reproducirse. No fue un episodio aislado. Entre el lunes 17 y el domingo 23, había destinado 335 publicaciones a cuestionar al periodismo, después de haberlo atacado en más de mil oportunidades desde el comienzo de su gobierno. Al día siguiente, durante una actividad en la escuela ORT, llamó a un grupo de adolescentes a abuchear a periodistas.
La escalada verbal ocurre, además, en un momento en que los datos económicos empiezan a ofrecer algunas señales menos favorables. La Fundación FIEL informó que la actividad industrial cayó 1,1 por ciento en julio y que acumula un retroceso de 0,6 por ciento durante los últimos seis meses. La Fundación Mediterránea, por su parte, señaló que el empleo privado formal lleva doce meses de descenso y calculó que desde noviembre de 2023 se perdieron 241.000 puestos de trabajo, con la industria y la construcción entre los sectores más afectados.
Se trata de dos instituciones de tradición liberal y cercanas, en términos ideológicos, a las posiciones económicas del Gobierno. Por eso, los datos no pueden ser descartados simplemente como parte de una crítica opositora.
El escenario parece haber cambiado respecto de las expectativas con las que Milei llegó al poder. El camino hacia una eventual reelección, que alguna vez pudo imaginarse como relativamente sencillo, presenta ahora obstáculos más concretos. En ese contexto, el periodismo aparece nuevamente como uno de los adversarios elegidos por el Presidente.
El Gobierno puede cuestionar una información, pero no convertirse en árbitro de la prensa
Una de las acusaciones que Milei repite con mayor frecuencia es la de “ensobrados” o “pauteros” para referirse a periodistas que investigan o difunden información incómoda para el poder. El problema de esa acusación no está solamente en su tono, sino también en la ausencia de pruebas que la respalden.
Es cierto que el periodismo no constituye una actividad libre de errores ni de conductas cuestionables. Hay profesionales que actúan de manera deshonesta, existen intereses económicos y también periodistas que pueden confundir sus convicciones con la obligación de verificar aquello que publican. La profesión, como cualquier otra, tiene buenos y malos exponentes.
Pero esa realidad no habilita al poder político a establecer quién merece ser considerado periodista y quién no. Mucho menos cuando quien realiza esa clasificación es el propio jefe del Estado.
La lógica puede aplicarse también al revés. Si se afirma que determinados periodistas reciben dinero oculto para defender al Gobierno, entonces cabe preguntarse por qué otros profesionales pueden acceder de manera privilegiada a entrevistas con el Presidente y sostener una adhesión casi permanente a sus decisiones. ¿Se trata de coincidencias ideológicas? ¿Existen otros intereses? Son preguntas legítimas, aunque tampoco pueden transformarse en acusaciones sin pruebas.
La función esencial del periodismo, en definitiva, no consiste en acompañar al poder sino en observarlo. Un medio que solamente elogia al Gobierno deja de cumplir una de las razones fundamentales de su existencia.
La diferencia entre una prensa crítica y una prensa sometida no es, entonces, un detalle menor. Forma parte de la calidad democrática. Las formas también importan. Y mucho. Milei suele cuestionar a quienes defienden las formas institucionales y considera que lo verdaderamente importante son los resultados. Sin embargo, la manera en que se ejerce el poder también produce consecuencias políticas y sociales.
La convivencia democrática necesita reglas, respeto y límites. La violencia verbal no es inocua: puede instalar determinadas formas de relación y volver aceptable aquello que antes parecía inadmisible. La discusión adquiere todavía mayor importancia en un momento atravesado por una enorme cantidad de información. Las redes sociales multiplicaron la circulación de contenidos y la inteligencia artificial sumó una dificultad adicional: imágenes, audios y textos pueden ser fabricados con apariencia de realidad.
En ese escenario, distinguir entre lo verdadero y lo falso se vuelve cada vez más difícil. La discusión democrática necesita desacuerdos, pero necesita también un punto de partida común: la posibilidad de establecer qué hechos ocurrieron realmente. Por eso resulta especialmente preocupante que desde el poder se relativicen hechos comprobados o se desacredite, en forma general, a quienes tienen como tarea investigarlos y comunicarlos.
En los últimos días, además, Milei respaldó una propuesta del ministro de Economía, Luis Caputo, para impulsar una ley que sancione a periodistas que publiquen información “sin sustento”. El problema es que ya existen herramientas legales para actuar frente a una información falsa. Las calumnias y las injurias permanecen contempladas por la legislación argentina y, desde 2009, la cárcel ya no constituye una pena aplicable a periodistas por esos delitos, aunque pueden existir consecuencias económicas.
A eso se suma la jurisprudencia de la Corte Suprema, que establece una protección particular para los funcionarios públicos frente a determinadas expresiones críticas y exige, para condenar por información falsa en ciertos casos, demostrar la existencia de “real malicia”: es decir, que quien difundió la información sabía que era falsa o actuó con conocimiento de esa falsedad.
Un funcionario también puede responder a una información que considera equivocada. Puede desmentirla, aportar documentación, explicar su posición y cuestionar al medio. Todo eso forma parte de una democracia. Lo que cambia la naturaleza de la discusión es recurrir al insulto, la amenaza o la descalificación generalizada.
También resulta significativo el silencio de buena parte de la dirigencia política. Muchos dirigentes que durante otros gobiernos defendieron con firmeza la libertad de prensa hoy mantienen una posición mucho más cautelosa frente a los ataques presidenciales. Elisa Carrió fue una de las excepciones. En redes sociales cuestionó expresamente el lenguaje utilizado por Milei y sostuvo su rechazo a la violencia verbal contra periodistas y contra cualquier otra persona.
Seguir haciendo periodismo
¿Qué puede hacer la prensa cuando los ataques provienen de la máxima autoridad política del país?
Hay dos respuestas que llegan desde Estados Unidos y que pueden resultar ilustrativas. Kaitlan Collins, una de las periodistas que más enfrentamientos tuvo con Donald Trump, respondió alguna vez a sus insultos con una frase breve: “No se trata de mí”. La idea era sencilla: los ataques del Presidente describían más a quien los pronunciaba que a la periodista que los recibía.
Martin Baron ofreció otra respuesta cuando le preguntaron si la prensa estadounidense estaba en guerra con la administración Trump. “Nosotros no estamos en guerra; estamos trabajando”, fue su contestación. Quizás allí esté una de las respuestas posibles frente a la violencia política: no entrar en la lógica del enfrentamiento permanente. No responder insulto con insulto ni convertir cada agresión en el centro de la tarea periodística.
El periodismo tiene otra obligación: investigar, verificar, preguntar, publicar y admitir los errores cuando los haya. El poder puede cuestionar una noticia. Puede desmentirla. Puede mostrar que es falsa. Puede reclamar ante la Justicia cuando corresponda. Lo que no debería hacer es decidir qué periodistas tienen derecho a existir y cuáles deben ser silenciados.
Porque, finalmente, la discusión no se reduce a Milei ni a sus críticos. Se trata de algo más elemental: qué ocurre con una democracia cuando el poder considera que una prensa que lo incomoda es, por definición, una prensa enemiga. Frente a esa pregunta, la respuesta no debería depender de quién ocupe la Casa Rosada.
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