En un nuevo capítulo de la puja judicial y política entre el Poder Ejecutivo y las universidades públicas, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a un recurso de queja impulsado por el Ministerio de Capital Humano. Con este pronunciamiento, en tan solo 24 horas después de la orden de un juez de primera instancia, el tribunal frenó provisoriamente las multas diarias (de 100 mil pesos) que se habían fijado contra el Gobierno por un presunto incumplimiento en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La controversia se retrotrae a las resoluciones del juez de primera instancia Martín Cormick, quien había ordenado la ejecución de medidas cautelares para actualizar las escalas salariales del personal docente y no docente, así como los montos de las becas estudiantiles.
Tras considerar vencidos los plazos sin que las planillas de liquidación reflejaran las adecuaciones solicitadas, el juzgado intimó al Estado bajo apercibimiento de aplicar sanciones económicas por cada día de mora.
Frente a la negativa del juzgado de origen a conceder el recurso de apelación, los letrados del Ministerio de Capital Humano acudieron en directa apelación a la Cámara.
Desde la administración nacional argumentaron que el fallo inicial imponía exigencias impredecibles y alegaron haber presentado informes técnicos que acreditaban gestiones de actualización dentro del esquema presupuestario vigente.
Una tregua técnica a la espera de la resolución de fondo
Al hacer lugar al recurso de queja, la alzada judicial habilitó la revisión formal del caso. Esto implica que las multas quedan suspendidas momentáneamente hasta tanto los jueces de Cámara dictaminen sobre la cuestión sustancial. Fuentes judiciales y del propio ámbito académico aclararon que el tribunal no ha anulado la vigencia de la cautelar ni ha dado por cancelada la obligación presupuestaria del Estado.
Tampoco se ha pronunciado definitivamente sobre la validez ni sobre los montos concretos que reclama el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
El conflicto legal continúa su curso en un contexto signado por el debate de las partidas presupuestarias universitarias.
La atención se traslada ahora al fallo de fondo que deberá emitir la Cámara, donde se resolverá si se ratifican las medidas coercitivas o si se adecuan las pautas de cumplimiento requeridas al Gobierno nacional.
Exfuncionario K
Martín Cormick, el juez que dispuso multas por el incumplimiento del financiamiento universitario, es un especialista en Derecho Administrativo que llegó a la magistratura en 2020, después de ocupar cargos públicos durante los gobiernos de Cristina Kirchner y Alberto Fernández.
Está al frente del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal 11 de la Capital Federal.
Su nombramiento fue dispuesto por Alberto Fernández mediante el decreto 866, firmado el 5 de noviembre de 2020, después del correspondiente acuerdo del Senado Nacional.
Abogado y magíster en Derecho Administrativo por la Universidad de Buenos Aires, también desarrolla una carrera académica: es docente de grado y posgrado en universidades como las de Avellaneda y José C. Paz y es coautor de publicaciones sobre contratos administrativos y servicios públicos.
Antes de ser juez federal, condujo la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo encargado de registrar y fiscalizar sociedades y entidades civiles. Cristina Kirchner lo designó en ese cargo en 2014 mediante el decreto 1756 que publicado en el Boletín Oficial en octubre de ese año. Posteriormente, entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020, estuvo a cargo de la Sindicatura General del PAMI, durante la gestión de Luana Volnovich. Sus antecedentes en ambas administraciones fueron destacados por medios como el diario La Nación, que también mencionó su cercanía con dirigentes de La Cámpora.
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