El fiscal general ante la Cámara de Casación, Mario Villar, presentó ayer un recurso extraordinario federal para intentar revertir la decisión que ordenó trasladar a la justicia federal de Campana la causa por la mansión de Pilar, una investigación por presunto lavado de activos que podría salpicar a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Villar considera “arbitraria” la resolución de la Cámara de Casación y sostiene que, si el expediente debe tramitar en la justicia federal porque se investiga un presunto delito de lavado de dinero, debería regresar al juzgado federal de Daniel Rafecas, en Comodoro Py, que ya había intervenido en la causa. Si Casación rechaza el planteo, el fiscal recurrirá en queja directamente ante la Corte Suprema.
La causa investiga el origen y el circuito del dinero utilizado para comprar una quinta en Pilar valuada en US$20 millones, donde fueron encontrados 54 vehículos de alta gama. La propiedad figura a nombre de Real Central SRL, cuyos propietarios son Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, señalados como presuntos testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. El traslado del expediente a Campana había sido reclamado por las defensas de Pantano y Conte. El argumento fue que la competencia territorial debía estar determinada por el lugar donde se encuentra la propiedad investigada.
La Cámara de Casación, sin embargo, resolvió la cuestión desde el punto de vista de la competencia material: entendió que, al tratarse de una investigación por presunto lavado de activos, correspondía que interviniera la Justicia Federal.
Por ese motivo, el tribunal ordenó que el expediente fuera enviado a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín para su posterior remisión al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
LA INVESTIGACIÓN
El caso, que comenzó como una investigación sobre el origen de los fondos utilizados para adquirir una mansión en el barrio privado Pilar del Este, se transformó en un expediente complejo que involucra sociedades comerciales, financieras porteñas, estudios jurídicos y un circuito de dinero que, según la hipótesis fiscal, podría tener ramificaciones en contratos y operaciones vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino. Aunque no hay imputaciones directas contra dirigentes, el expediente menciona movimientos financieros que, para los investigadores, ameritan profundizar esa línea.
Villar sostiene que la resolución que ordenó el traslado del caso a Campana no analizó correctamente la competencia territorial, sino que se basó únicamente en la competencia material, al considerar que el lavado de activos es un delito federal. Para el fiscal, ese criterio debería haber llevado el expediente nuevamente al juzgado federal de Daniel Rafecas, en Comodoro Py, quien ya había intervenido en etapas previas. “Si es federal, debe volver a Py”, repiten en su entorno.
El recurso extraordinario deberá ser evaluado primero por Casación.
Si el tribunal lo admite, la causa quedará frenada hasta que se resuelva la competencia. Si lo rechaza, el fiscal acudirá en queja ante la Corte Suprema. En ese escenario, el máximo tribunal podría intervenir, aunque sin plazos definidos.
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