La situación económica se convirtió en uno de los temas que atraviesan las discusiones internas de los oficialismos nacional y bonaerense. Aunque los conflictos tienen características diferentes, en ambos escenarios las decisiones de gestión y su impacto sobre la vida cotidiana aparecen vinculados con las disputas políticas y los posicionamientos de cara a 2027.
En el Gobierno de Javier Milei, las dificultades para consolidar la estabilización económica conviven con un escenario financiero que genera interrogantes. La desaceleración de la acumulación de reservas, los próximos vencimientos de deuda y la falta de señales de una recuperación sostenida de la actividad forman parte de las preocupaciones que rodean al programa de Luis Caputo.
A ese panorama se sumó el cambio de escenario internacional tras la derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término de Estados Unidos y el triunfo de Lula da Silva en Brasil. Dos acontecimientos que modificaron el mapa político regional y pusieron en cuestión la expectativa de una mayor afinidad ideológica entre los gobiernos de derecha.
Pero las diferencias también se expresan dentro de la propia administración libertaria. Patricia Bullrich viene reclamando medidas que permitan atender las dificultades económicas de la población, mientras que desde el sector de Santiago Caputo también reconocen que el impacto de la economía cotidiana puede convertirse en un problema para las aspiraciones electorales del oficialismo.
La tensión alcanza a la conducción política. Luis Caputo salió a respaldar la continuidad del rumbo económico y sostuvo que Milei es el único dirigente que puede resistir el escenario actual. En paralelo, Karina Milei y el Presidente observan con desconfianza los movimientos de Bullrich, que busca conservar su margen de autonomía dentro del espacio.
En territorio bonaerense
En la provincia de Buenos Aires, las diferencias tienen como eje la política tarifaria. La actualización de los cuadros eléctricos dispuesta por el Ministerio de Infraestructura bonaerense, con incrementos de entre el 1,5% y el 3,5% en las facturas finales, abrió un nuevo enfrentamiento entre Axel Kicillof y La Cámpora.
El defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, recurrió a la Justicia para cuestionar las modificaciones, principalmente por la falta de nuevas audiencias públicas y por la pérdida de capacidad de cobertura de la tarifa social provincial. El planteo recibió el respaldo de la organización que conduce Máximo Kirchner.
La discusión también tuvo repercusiones legislativas. Facundo Tignanelli, jefe del bloque de diputados bonaerenses de Unión por la Patria y referente camporista, respaldó el reclamo y cuestionó la posición del ministro Gabriel Katopodis, uno de los dirigentes vinculados al espacio político del gobernador y mencionado entre los posibles aspirantes a sucederlo.
Así, mientras en la Nación las diferencias pasan por la continuidad del programa económico y la necesidad de atender el malestar social, en Buenos Aires el conflicto se concentra en el costo de los servicios públicos y los mecanismos de actualización tarifaria.
Son discusiones distintas, pero que exponen las dificultades de ambas administraciones para mantener alineados a sus propios sectores en un contexto de restricciones económicas. Con 2027 en el horizonte, las decisiones de gestión también se convierten en motivos de diferenciación dentro de cada espacio político.
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