Pese a que el nuevo fallo de la Corte Suprema que repuso la vigencia de la Ley de Tierras alejó la perspectiva del quórum propio, la oposición sostiene la decisión de sesionar el próximo jueves aunque sepa que los números no cierran.
En el entramado opositor reconocen que con el fallo de la Corte se diluye en cierta medida el núcleo de la convocatoria, que era tirar abajo el mega decreto desregulatorio, y que ahora deberán hacer más foco en los otros dos temas (Discapacidad y Sobreendeudamiento familiar) que son muy sensibles socialmente y que fueron estratégicamente incluidos en la convocatoria para seducir a los dialoguistas.
No obstante, reafirman que el Decreto 70/23 que buscan rechazar es anticonstitucional. Esta postura es la que unifica a Unión por la Patria, buena parte de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y los misioneros de Argentina Federal, es decir, los mismos sectores que pusieron la firma para el pedido de sesión.
En el peor de los casos, buscarán que actúe el "principio de revelación": que queden nítidamente identificados quiénes son los diputados que al no dar quórum se estarán definiendo en contra de la soberanía territorial del país y a favor de la extranjerización. "La protección de nuestra tierra no puede depender de cuánto dure una medida judicial. El 15 tenemos que sesionar y rechazar el DNU 70/23. Que el Gobierno no use este fallo como excusa para volver a esquivar al Congreso", sostuvo el diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano en su cuenta en X.
Los bloques de la oposición real venían intentando acercarse a los 129 diputados necesarios para abrir la sesión, y si bien el objetivo era de por sí complicado, en las horas previas a que saliera la resolución de la Corte legisladores de bancadas dialoguistas empezaron a confirmar su participación. Sin embargo, al restituirse la vigencia de la Ley de Tierras, los sectores dialoguistas (en su mayor parte aliados del oficialismo) ya no encuentran los mismos incentivos para bajar al recinto el 15 de octubre a dar quórum para rechazar el Decreto 70/23.
El temario de la sesión también comprende otros dos temas de sumo interés para estas fuerzas políticas como la Ley de Discapacidad y la iniciativa que busca dar respuestas al problema del sobreendeudamiento familiar.
Si bien en los papeles la inclusión de estos proyectos de interés transversal debería alcanzar para garantizar el quórum, el oficialismo formalizó el pedido de sesión especial el miércoles 21 de octubre al mediodía en base a un temario que incluye estos dos temas junto con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que reintroducirá en su articulado una versión atenuada de la Ley de Tierras.
Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General se reunirá el miércoles que viene para firmar dictamen en un trámite ultra exprés, incorporando buena parte del marco jurídico de la Ley de Tierras dentro de la Ley de Propiedad Privada, que obtuvo media sanción hace dos meses en el Senado.
Esta jugada no le estaba alcanzando al oficialismo para quedarse tranquilo en cuanto al blindaje del Decreto 70/23. El mega decreto desregulatorio también derogó la Ley de Alquileres, desmontó el sistema de control de precios sobre empresas de medicina prepaga y sobre empresas de telecomunicaciones, eliminó topes en los punitorios que cobran las tarjetas de crédito a los usuarios, eliminó las leyes de Góndolas, Abastecimiento y Compre Nacional, y consagró la política de cielos abiertos en el transporte aéreo.
Con la oposición pisándole los talones, al Gobierno no le quedó más remedio que acudir al auxilio de la Corte Suprema, que concedió una cautelar que permitió reponer de manera provisoria la vigencia de la Ley de Tierras y así evitar que la oposición pudiera llevarse puesto todo el Decreto 70/23, considerado por los libertarios la piedra basal del modelo económico.
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