El Juzgado Correccional N° 3 del Departamento Judicial Mercedes condenó al intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, por los delitos de calumnias e injurias en perjuicio del ayudante fiscal Carlos Brunelli, a raíz de declaraciones realizadas durante la campaña electoral de 2023.
La sentencia, conocida este 24 de junio de 2026, establece una multa de 20.000 pesos para el jefe comunal. No obstante, el fallo aún no quedó firme y podría ser apelado por las partes.
La causa se originó a partir de una querella impulsada por Brunelli, luego de que Egüen, entonces concejal y candidato a intendente por Juntos, realizara una serie de manifestaciones públicas en las que lo acusó de haber cometido irregularidades y presuntos delitos vinculados a una investigación judicial.
Tras esas declaraciones, el funcionario judicial rechazó las acusaciones mediante un comunicado público, aseguró haber actuado conforme a derecho y anticipó que iniciaría acciones legales para defender su honor y reputación.
En ese documento, Brunelli sostuvo que las actuaciones cuestionadas se desarrollaron en el marco de una investigación por estupefacientes tramitada ante la UFI N° 6 y el Juzgado de Garantías N° 1 de Mercedes. Asimismo, afirmó haber cumplido con todas sus obligaciones funcionales y recordó que él mismo promovió una investigación sobre su actuación, la cual fue posteriormente archivada al no detectarse la comisión de delito alguno.
"Daré inicio a una querella criminal por los delitos de calumnias e injurias que interpreto habría cometido el Sr. Egüen, e iniciaré a su vez las acciones civiles tendientes a obtener la reparación integral de los daños y perjuicios que se me ocasionaron", había manifestado Brunelli en agosto de 2023.
Aquella presentación derivó en el proceso judicial que ahora concluyó con una sentencia condenatoria contra el actual intendente.
Si bien todavía no se difundieron los fundamentos completos del fallo, la resolución del Juzgado Correccional N° 3 de Mercedes representa un respaldo a la posición sostenida por Brunelli desde el inicio del conflicto y reabre el debate sobre los límites entre la confrontación política y las afectaciones al honor personal durante las campañas electorales.
El caso adquiere relevancia institucional debido a que involucra a un intendente en ejercicio y tiene su origen en declaraciones formuladas en el marco de una disputa electoral.
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