La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó este martes el procesamiento de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en la causa que investiga presuntas irregularidades en la compra de medicamentos e insumos para el organismo. La resolución también alcanzó a otros 18 imputados, entre ellos el ex número dos de la agencia, Daniel Garbellini, y el empresario Miguel Ángel Calvete.
Spagnuolo quedó procesado por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública y cohecho pasivo. Además, se le atribuye el rol de jefe de una asociación ilícita, de acuerdo con la investigación judicial.
Los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico consideraron que las acusaciones formuladas por el fiscal federal Franco Picardi cuentan con sustento en las pruebas incorporadas al expediente y respaldaron, de esta manera, el procesamiento que había dictado el juez Sebastián Casanello. La investigación sostiene que funcionarios de la ANDIS y personas vinculadas al sector privado de la salud habrían actuado de manera coordinada para direccionar contrataciones y obtener beneficios económicos.
Según la acusación, en ese esquema se habrían producido pagos indebidos a funcionarios de la agencia a cambio de asegurar y gestionar determinadas operaciones. La causa también investiga presuntos sobreprecios y contrataciones que, de acuerdo con la Justicia, no habrían respetado los principios de concurrencia, publicidad y transparencia.
El perjuicio económico estimado en las maniobras investigadas asciende a $30.337.220.919,77, según surge de la acusación judicial. La cifra está vinculada al presunto direccionamiento de compras de medicamentos, los beneficios obtenidos por determinadas empresas y los sobreprecios detectados en esas operaciones.
La resolución sostiene además que las maniobras investigadas habrían afectado especialmente a personas con discapacidad que reciben pensiones no contributivas y que, en muchos casos, no cuentan con otra cobertura de salud.
De acuerdo con la investigación, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 la ANDIS habría sido utilizada como ámbito para la concreción de las operaciones bajo análisis. La Justicia describió presuntos procedimientos de contratación direccionados, pagos a proveedores vinculados con funcionarios y la intervención de actores externos relacionados con el sector de la salud.
Con la confirmación de los procesamientos, la causa continúa avanzando en la Justicia Federal. La medida no implica una condena: los acusados mantienen su derecho a la defensa y el expediente deberá atravesar las distintas etapas del proceso antes de que pueda definirse si corresponde su elevación a juicio oral.
SUSCRIBITE a esta promo especial