La Cámara de Apelaciones de Washington falló en contra de la Argentina en el juicio que mantiene con el fondo buitre Titan Consortium, por la expropiación de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas.
La demanda se originó en 2008 debido a la expropiación de la aerolínea de bandera, dispuesta por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
En 2017, un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) dictó un laudo condenando al país a pagar aproximadamente U$S321 millones (más intereses y costas) en reclamo por la expropiación de las participaciones accionarias en Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur hace 18 años.
Luego del pedido de anulación del laudo por parte de la Argentina, finalmente quedó firme en 2019. Tiempo después, Titán Consortium -la firma que adquirió los derechos económicos derivados del laudo como cesionario de Teinver y otros- presentó una petición de reconocimiento y ejecución del laudo ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia en 2021.
En 2024, la Corte de Distrito rechazó la aplicación del plazo de prescripción de 3 años invocado por Argentina y resolvió que el plazo aplicable es de 12 años. Luego de ello, reconoció el laudo CIADI por un monto de U$S390.907.115,55 al 10 de diciembre de 2024 (fecha de la sentencia) sumado a intereses posteriores a la sentencia.
El año pasado Argentina apeló, invocando un plazo de prescripción de 3 años frente al de 12 determinado en primera instancia, y la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia confirmó ayer la decisión de primera instancia, indicando que el plazo aplicable es el de 12 años por el monto final de más de U$S390 millones.
PESADA HERENCIA
Desde la Procuración del Tesoro informaron que se encuentran analizando “todas las herramientas legales disponibles para revertir o al menos mitigar el impacto de esa sentencia” y señalaron que la causa se origina “en la herencia que arrastramos por décadas, producto de políticas estatistas y del costo institucional de volver a levantar un país que heredamos con más de U$S30.000 millones en deudas por juicios perdidos”.
El caso tiene un laudo a favor del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones (CIADI), el tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial, y ahora consiguió que la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazara la apelación de Argentina contra el fallo de primera instancia, que ya había desestimado el pedido del país de rechazar la demanda del fondo.
Titan Consortium procura que la corte reconozca la validez del laudo CIADI, ya que los arbitrajes del tribunal que depende del Banco Mundial no son ejecutables, pero sirven de antecedente para recurrir a la justicia ordinaria.
El reclamo ante el CIADI comenzó con la demanda del grupo español Marsans, que controlaba Aerolíneas Argentinas y Austral cuando el Estado las expropió en 2008. Luego transfirió ese derecho al fondo Burford Capital, que es el mismo que litigó contra la Argentina por la expropiación de YPF, hasta quedar en poder de Titan Consortium, que desde 2021 litiga en la Justicia estadounidense para hacer efectivo el pago.
BUITRES
Los fondos que compran este tipo de litigios son habituales en el mercado financiero internacional: anticipan el dinero del juicio a cambio de quedarse con una parte de lo que eventualmente se cobre.
Así, la expropiación de Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Cristina Kirchner sigue pasando factura. El fondo de inversión que compró el derecho a litigar contra el país por esa estatización busca ahora embargar activos argentinos en Estados Unidos para cobrar la indemnización que ganó ante el CIADI.
El CIADI no tiene poder para ejecutar sus propias sentencias. Cuando un país no paga, los beneficiarios del laudo deben ir a cobrar ante los tribunales de cada país donde quieran hacer efectiva la condena. En el caso de Argentina, el camino natural fue la corte del Distrito de Columbia, en Washington D.C.. Allí, en 2021, Titan demandó al país para forzar el cobro.
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