La continuidad del camarista federal Martín Irurzun, uno de los magistrados de mejor imagen en los Tribunales de Comodoro Py y autor de la denominada “doctrina Irurzun”, todavía no sabe si podrá continuar ejerciendo como juez ya que al haber cumplido 75 años llegó al límite de edad para ser magistrado y sólo podría continuar si el Senado le da el visto bueno, algo que por el momento no sucedió y la Justicia tampoco se expidió.
Hasta el momento, Irurzun no obtuvo un nuevo acuerdo del Senado, requisito previsto por la Constitución Nacional para poder continuar en funciones por un período adicional de cinco años una vez alcanzada esa edad. Y tampoco logró una medida cautelar que suspendiera los efectos de esa disposición constitucional.
A mediados de junio, Irurzun promovió una acción judicial solicitando una medida cautelar autónoma para suspender la aplicación del Artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, que establece el límite de edad para los magistrados. El juez sostuvo que esa cláusula incorporada en la reforma constitucional de 1994 era inválida por haber excedido las atribuciones de la Convención Constituyente y que vulneraba el principio de inamovilidad de los jueces.
También argumentó que el precedente “caso Schiffrin” podría ser revisado debido a la modificación en la integración de la Corte Suprema de Justicia tras la salida del juez Juan Carlos Maqueda.
Sin embargo, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°1 rechazó la cautelar al considerar que el caso ya estaba resuelto por la doctrina de la Corte, que en 2017 había modificado la jurisprudencia al dictaminar que la Asamblea Constituyente tenía autonomía como para agregar decisiones constitucionales que no estaban en el núcleo de coincidencias básicas. Eso vinculado a una resolución de la Corte que en 1999 declaró “nulo de nulidad absoluta” el articulo de la Constitución que fijó el límite de edad. Así, la Constitución quedó con dos artículos contradictorios, uno que establece los 75 años como límite para que los jueces se vayan, y otro que dispone la inamovilidad de los magistrados mientras dure su buena conducta.
Posteriormente, la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó esa decisión y sostuvo que el planteo del magistrado se sustentaba en “meras presunciones y conjeturas”, sin entidad jurídica suficiente para apartarse de la jurisprudencia vigente.
El expediente continúa formalmente en la Corte Suprema, pero sin una decisión.
Irurzun podría continuar como juez si el Senado le otorga un nuevo apoyo, pero el Gobierno nacional todavía no respondió a ese requerimiento, algo que hizo casi en el acto cuando quien lo solicitó fue Carlos Mahiques, papá del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien podrá seguir como magistrado hasta los 80 años luego que la Cámara alta le diera el visto bueno luego de intensas gestiones del oficialismo.
Irurzun es autor de la doctrina que lleva su nombre, surgida a partir de un fallo en base al criterio que, al momento de resolver una prisión preventiva, los jueces no debían analizar únicamente el riesgo de fuga, sino también si un ex funcionario conservaba redes de poder, contactos o capacidad de influencia derivadas del cargo que había ejercido, con aptitud para entorpecer la investigación, influir sobre testigos o alterar pruebas. La doctrina amplió el análisis del denominado “peligro procesal” y fue aplicada en numerosas causas de corrupción contra ex funcionarios nacionales.
Y también integra la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, que tiene a su cargo la causa por el presunto pago de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, en la que se mencionan a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a los primos Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem. Algunos incluso dicen que el ministro Mahiques habría garantizado que él se haría cargo de terminar con la investigación.
Si Irurzun no logra continuar como magistrado, en su lugar podría ser designado Pablo Yadarola, amigo de Mahiques.
En ese marco, señala el diario La Nación, es que la Justicia debe actuar en la causa en la que son investigados el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y Pablo Toviggino, a quien le atribuyen una propiedad en la que el papá del ministro de Justicia habría festejado su cumpleaños. Además, uno de los magistrados de la Cámara de Casación Penal que hoy iban a escuchar a ambos dirigentes, Diego Barroetaveña, integró hasta hace poco tiempo un organismo de la AFA.
El Tribunal debe decidir si la causa queda a cargo del juez federal de Campana Adrián González Charvay, tal como pretenden los máximo directivos de la AFA, o continúa al frente la magistrada Verónica Straccia.
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