La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el último intento de Cristina Kirchner para demorar la ejecución de bienes vinculados a la causa Vialidad y dejó allanado el camino para que avance el decomiso dispuesto por la Justicia.
La medida busca recuperar bienes por un valor equivalente a los $685.000 millones que los tribunales consideraron parte del perjuicio ocasionado al Estado mediante el esquema de direccionamiento de obras públicas en Santa Cruz. La condena quedó firme en junio de 2025 y ahora comienza una etapa destinada a hacer efectivo el recupero de activos.
Uno de los aspectos más relevantes de la decisión judicial es que una eventual presentación de la ex mandataria ante la Corte Suprema mediante un recurso de queja no tendría efecto suspensivo automático sobre el trámite de ejecución.
Los jueces de la Sala IV de Casación respaldaron los criterios utilizados por el Tribunal Oral Federal 2 para identificar los bienes alcanzados por el decomiso. Los magistrados consideraron que los fundamentos utilizados para individualizar los activos eran suficientes y rechazaron los cuestionamientos planteados por las defensas.
Los camaristas también descartaron el argumento según el cual era necesario reconstruir de manera exhaustiva cada movimiento de dinero vinculado a la maniobra investigada. Según señalaron, en los delitos económicos complejos resulta habitual que los fondos ilícitos se mezclen, transformen o reinviertan a lo largo de los años.
Por ese motivo, entendieron que alcanza con demostrar una relación razonable entre el incremento patrimonial y la actividad delictiva acreditada en la causa.
La defensa de Cristina Kirchner sostuvo que los bienes sólo podrían ejecutarse una vez agotadas todas las instancias judiciales. Sin embargo, Casación interpretó que la condena ya quedó firme con la intervención de la Corte Suprema y que lo que actualmente se ejecuta es una medida accesoria vinculada al decomiso.
De acuerdo con esa interpretación, el recurso extraordinario rechazado y una eventual queja posterior no paralizan automáticamente el procedimiento, salvo que la propia Corte Suprema disponga expresamente lo contrario.
En Comodoro Py explicaron que la jurisprudencia vigente establece que la presentación de una queja ante el máximo tribunal no suspende por sí sola la ejecución de una sentencia.
El rol que tendrá la Corte Suprema
Una vez concretado el decomiso, los bienes pasarán a quedar bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal deberá decidir posteriormente qué destino tendrán esos activos.
Según la acordada dictada por la Corte, las propiedades serán incorporadas a un registro específico y podrán ser utilizadas por el Poder Judicial, asignadas a otros organismos judiciales o rematadas para obtener recursos.
El Tribunal Oral Federal 2 ya realizó las comunicaciones correspondientes a la Corte para avanzar con ese procedimiento, aunque aún restan definiciones sobre la administración definitiva de los bienes.
El listado elaborado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola incluye 111 propiedades y otros activos vinculados a los condenados.
Entre ellos figuran 84 inmuebles atribuidos a Lázaro Báez, una propiedad registrada a nombre de Cristina Kirchner y 19 inmuebles heredados por sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
También se incorporaron bienes pertenecientes a empresas vinculadas al empresario santacruceño, como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, consideradas por la Justicia parte del entramado utilizado para concretar la maniobra investigada.
Inmuebles en Río Gallegos y El Calafate
Entre los bienes incluidos aparecen departamentos del complejo ubicado en Mitre 535, en Río Gallegos, construido por Lázaro Báez y adquirido por Néstor Kirchner mediante un fideicomiso.
La nómina también contempla propiedades situadas en 25 de Mayo 255 y sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner 490, ambas en la capital santacruceña.
Además, se encuentran dos terrenos en El Calafate que formaron parte del patrimonio familiar y que posteriormente fueron transferidos a Máximo y Florencia Kirchner.
Con la decisión de Casación, la Justicia quedó habilitada para iniciar una de las etapas más sensibles del expediente: la recuperación efectiva de los bienes que considera vinculados al fraude investigado en la causa Vialidad.
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