La investigación sobre el paso de Flávio Bolsonaro por la Argentina se bifurcó y marcha por dos carriles judiciales diferentes. Mientras fiscal federal de Misiones Fabián Martínez, pidió desestimar una denuncia para que se investigue si hubo delito en el ingreso del excandidato presidencial brasileño, en Comodoro Py la jueza federal María Eugenia Capuchetti solicitó informes al Gobierno y ordenó preservar las grabaciones de Migraciones y del aeropuerto de Puerto Iguazú para determinar si hubo irregularidades en el procedimiento que allanó la salida del dirigente derechista hacia Estados Unidos.
La magistrada porteña actuó a partir de un pedido de la fiscal Paloma Ochoa, que reclamó diez medidas de prueba para establecer si funcionarios del gobierno de Javier Milei pudieron haber facilitado de manera irregular el traslado de Bolsonaro desde la Argentina hacia Miami. Por el momento, se trata de una investigación preliminar y todavía resta definir si la fiscal impulsa formalmente la acción penal.
Capuchetti pidió a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Cancillería que informen si existía algún impedimento para que el brasileño ingresara al país. También quiere conocer el estado de la causa abierta en Misiones, donde el fiscal Martínez consideró que no había restricciones que impidieran su ingreso y posterior viaje a Estados Unidos. Su decisión deberá ser revisada por otro fiscal antes de quedar firme.
La jueza, además, ordenó preservar las filmaciones del puente internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú, y de las cámaras del aeropuerto misionero. La medida busca evitar que se pierdan registros que permitan reconstruir cómo se realizaron los controles migratorios, quiénes acompañaban a Bolsonaro y qué ocurrió antes de su partida.
La fiscal Ochoa había solicitado también información sobre el plan de vuelo del avión privado, la nómina de pasajeros y el personal de Migraciones que intervino en el procedimiento.
Restricciones y “misterio”
Según los registros migratorios, Bolsonaro ingresó a la Argentina a las 22.50 del 27 de octubre, acompañado por su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijas. A las 0.21 del día siguiente despegó desde Puerto Iguazú un avión Gulfstream de la empresa Baires Fly, que realizó una escala técnica en Guayaquil, Ecuador, antes de continuar hacia Miami. De acuerdo con el manifiesto de vuelo, el dirigente viajó con pasaporte italiano.
El episodio generó cuestionamientos porque en Brasil el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes le había prohibido a Bolsonaro salir del país. El dirigente es investigado por presunto lavado de dinero y evasión de divisas en una causa vinculada con plataformas de apuestas, además de otra contar con otra acusación en su contra por supuesto desvío de fondos del banquero Daniel Vorcaro.
Santilli defendió el permiso otorgado al excandidato brasileño: “No había impedimento”, dijo
Desde el Gobierno confirmaron el paso de Bolsonaro, pero aclararon que tenía la documentación en regla y que tampoco había un pedido de captura vigente que impidiera su ingreso al país.
En el mismo sentido, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, defendió que “Migraciones autorizó (a salir a Bolsonaro) porque no había ningún impedimento”.
Además, generó controversia la presencia de Santiago Caputo en Misiones durante la madrugada posterior al vuelo, según quedó registrado en un acta policial. Consultado al respecto, el asesor presidencial negó haber estado allí y cuando le pidieron detalles por el operativo respondió: “Misterio”.
Las denuncias
La causa que tramita en Comodoro Py se inició a partir de una denuncia del dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano contra Milei y otros funcionarios. La presentación apunta a posibles delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales públicos.
Por otro lado, el diputado Esteban Paulón presentó una denuncia por encubrimiento agravado contra el Presidente, el canciller Pablo Quirno y el asesor presidencial. Ese expediente quedó radicado en el juzgado de Sebastián Ramos y podría acumularse a la investigación de Capuchetti.
En Misiones, la denuncia original había sido presentada por la diputada Marcela Pagano, quien tras conocer el pedido de desestimación del fiscal, denunció presiones sobre la Justicia y anticipó que también había llevado el caso ante los tribunales brasileños.
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