La Justicia de La Plata le ordenó al Gobierno nacional que informe y preserve todo tipo de información sobre tierras rurales bonaerenses recopiladas durante la vigencia de la Ley de Tierras, que fuera derogada por el Decreto 70/2023 para habilitar la posible venta a extranjeros.
Así lo decidió el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°4 de La Plata, que hizo lugar a un pedido de la Defensoría del Pueblo bonaerense, ya que por la caída de esta ley se eliminaron los mecanismos de control, el mapa dominial y las restricciones a la venta de campos a titulares extranjeros.
Esto, de acuerdo a la presentación del organismo, pone en riesgo el conocimiento del territorio y la protección del medio ambiente en distritos con alta concentración de titularidad extranjera, como Campana y Zárate.
Frente a esta presentación, la Justicia le dio un plazo de cinco días al ministerio de Justicia de la Nación para precisar hasta qué fecha se actualizaron las bases de datos y garantizar la conservación íntegra de todos los antecedentes registrales recolectados en los últimos 15 años.
En su fallo, el Juzgado consideró que la pérdida o alteración de esta información provocaría un daño irreversible para la planificación y el desarrollo sostenible de la provincia de Buenos Aires.
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